En carta abierta al presidente Duque, Veer-Popayán cuestiona actas de compromisos del Gobierno con AISO

Por Redacción en abril 1, 2021

‘El Cauca es hoy territorio de gravísimos conflictos, pero no es con elotorgamiento de derechos a costa de los derechos de los otros como se van a solucionar’.

Ante las últimas acciones violentas protagonizadas por un grupo de indígenas Misak, de la Asociación Indígena del Suroccidente (AISO) y, que, según ha trascendido no obedece a las propias autoridades de Guambía, la Veeduría del Patrimonio Histórico y Natural de Popayán, VEER-Popayán, en carta abierta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, le pone de presente la actuación del viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena, quien, sin asidero histórico apoya derechos sobre un territorio, como es el cerro de Tulcán en Popayán, a un grupo étnico, en desconocimiento de los derechos que asisten a sus actuales pobladores, descendientes de los grupos originarios de ese territorio, el cual, al momento de la conquista, no estaba poblado por los integrantes de la AISO.

Igualmente, cuestiona que, luego del derrumbamiento de la estatua del fundador de Popayán, Sebastián de Belalcázar, el mismo funcionario, fruto de unos acuerdos de espaldas a la ciudadanía payanesa, no solo les ‘refrendó derechos’, sino que les entregó la suma de $300 millones, no se sabe con qué objetivo. Similar actitud, han tenido otros altos representantes de la institucionalidad, como la entonces ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, quien encabezó con su firma una segunda acta de compromiso del 25 de septiembre de 2020, que en uno de sus apartes reza “…el pueblo Misak ratifica su derecho ancestral Territorial a la Memoria Histórica identitaria y sagrada sobre la pirámide ceremonial de Tulcán…”.

Los payaneses se preguntan ahora, que a raíz de la toma de la histórica Hacienda de Calibío por parte de ese mismo grupo Misak, cuál irá a ser el ‘generoso aporte’ a esa minoría por parte de los altos funcionarios del Estado colombiano.

Este portal transcribe a continuación la misiva dirigida por Veer Popayán al presidente Duque, quien ya la recibió, la cual dice a la letra:

Respetado señor presidente:

La Veeduría del Patrimonio Histórico y Natural de Popayán, VEER-Popayán, se dirige respetuosamente a usted a raíz de la toma y desalojo la Hacienda de Calibío, patrimonio caucano y bien cultural de la Nación, para compartir con usted y con la ciudadanía en general nuestra posición al respecto:

Consideramos un error con gravísimas consecuencias para la paz y la convivencia ciudadana en el Municipio de Popayán la ratificación, con la firma del viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos, de un acta de compromisos con la Asociación Indígena del Suroccidente, AISO, uno de cuyos enunciados trascribimos a continuación:

“Como parte de la continuidad de la agenda de la mesa AISO, uno de los puntos será la restitución de la memoria colectiva territorial ancestral del pueblo Misak en el valle de Pubén…” (numeral 3. de Acta del 18 de septiembre de 2020). El Estado otorga así, sin considerar ningún asidero histórico o prueba de verosimilitud, derechos sobre un territorio a un grupo étnico, en desconocimiento de los derechos que asisten a sus actuales pobladores, descendientes de los grupos originarios de ese territorio, el cual, al momento de la conquista, no estaba poblado por los integrantes de la AISO. Los verdaderos descendientes, los cuales son resultado, en un primer momento de un choque violento y atroz, entre invasores e invadidos, viven hoy como mestizos campesinos y urbanos en este mismo valle que tradicionalmente denominan Valle de Pubenza, en homenaje a la hija del jefe militar de la Confederación Pubenense.

*Toma de la hacienda de Calibío, en Popayán, por parte de un grupo indígena Misak, que fue desalojado de esa propiedad privada.*

Consideramos que este error se agrava, cuando en una segunda acta del 25 de septiembre del mismo año, se precisa el derecho otorgado, esta vez con la firma de delegados de la institucionalidad de los niveles nacional, regional y local, encabezados por la ministra de Cultura, con el siguiente enunciado “…el pueblo Misak ratifica su derecho ancestral Territorial a la Memoria Histórica identitaria y sagrada sobre la pirámide ceremonial de Tulcán…”.

Se prueba la realidad de los errores en que incurrió el Estado Colombiano, primero con la toma violenta del morro de Tulcán un mes después, y el subsiguiente derrumbamiento y decapitación de la estatua del fundador Belalcázar, y ahora con la invasión de la Hacienda de Calibío.

Como Veeduría ciudadana, y actuando dentro del marco de la Constitución Colombiana cuestionamos el derecho otorgado por la institucionalidad, a una aspiración a todas luces reñida con la historia, y que expone todo el patrimonio de la ciudad y su entorno rural a aspiraciones semejantes de otras etnias localizadas en cualquier sitio de la nación, y que llenó de zozobra a sus pobladores, gente trabajadora y de bien que ha construido en Popayán desde hace siglos un ambiente de paz exento de masacres, cultivos ilícitos y bandas criminales.

Sea esta también la oportunidad para señalar el precedente que se ha creado para poner en riesgo de aspiraciones ilegítimas sobre la propiedad pública y privada muchos bienes históricos y patrimoniales de otras regiones del país, tales como el Cerro de Monserrate y su Basílica, la Hacienda de Hatogrande o la Casa del Florero, para mencionar solamente la Sabana de Bogotá.

El Cauca, no lo negamos, es hoy territorio de gravísimos conflictos, pero no es con el otorgamiento de derechos a costa de los derechos de los otros como se van a solucionar. La identidad de un pueblo se construye con el devenir de su historia, con el aprendizaje de las lecciones que esta deja y con la visión de un futuro compartido; y es así como ha construido y reconstruido el Municipio de Popayán, su escenario de vida. Gravemente violentado hoy en día desde la firma de unos acuerdos que desconocieron el sentir y la realidad de la mayoría payanesa, para otorgar derechos y una suma multimillonaria ($300.000.000.oo) a una minoría violenta y dogmática que amenaza con seguir realizando atentados de este tipo, tal como se desprende de los videos que circulan.

El argumento de “la recuperación de la memoria histórica, identitaria y sagrada” es un discurso antropológico que enmascara una ambición territorial. De no ser así, la aproximación habría sido pacífica. Los reportes del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras indican que, sobre el total de tierras del Cauca, de casi 3 millones de has, 1.3 millones, 44.8%, ya están tituladas para los indígenas. La deuda histórica se ha saldado. Las comunidades afrodescendientes, los campesinos mestizos y los empresarios deben poder trabajar, prosperar y ofrecer los productos de su trabajo al mercado sin más acosos y amenazas de parte grupos étnicos que se unen ahora al concierto de mafiosos y disidencias que parecen haberse dado cita para asolar nuestro departamento y ahora nuestro patrimonio histórico y cultural.

Cada sesión de trabajo de las mesas que ha instalado el Gobierno con los indígenas es un escenario donde funcionarios bien intencionados pero desconocedores de antecedentes, situación actual local y tendencias históricas o políticas entregan y conceden, presionados por las vías de hecho, todo lo que se solicita, confiando en que quien los reemplace en el cargo resuelva la problemática firmada. Esta ha sido la realidad durante más de veinticinco años, durante los cuales cada toma de la carretera Panamericana ha significado la quiebra de los microempresarios, el endeudamiento reiterado de los medianos empresarios y la desbandada de los inversionistas y turistas.

Veer-Popayán reclama del Estado Colombiano una mirada diferente sobre Popayán y el Cauca, una que trascienda los mitos urbanos de aristócratas esclavistas de hace doscientos años que solo subsisten en el imaginario de aquellos interesados en instaurar regímenes basados en el desconocimiento de la Constitución y la Ley, marco normativo imperfecto, pero fruto de doscientos años de luchas sociales y políticas. Desconocer lo logrado, y plasmado con la participación indígena en la Constitución de 1991, para pasar a las vías de hecho y al atropello del otro, es volver a las guerras sin cuartel de la conquista. Lo que sucedió en Calibío es, no solo un desafío a la institucionalidad colombiana, sino un atentado contra el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de una nación que batalló allí su independencia; y también un grave atropello a la propiedad de una familia que la adquirió y embelleció, donde transcurre la vida de tres generaciones, y que generosamente la oferta a propios y extraños. Los hechos configuran delitos penales y los funcionarios públicos deberán actuar en consecuencia.

Finalmente, señor Presidente, como Veeduría planteamos a Usted nuestra visión futurista de Popayán como ámbito de cultura, vida universitaria, escuela viva de historia patria, turismo y gastronomía, sustentada en un centro arquitectónico único en América, una posición estratégica para el desarrollo socioeconómico del suroccidente del país, y en una población pacífica y trabajadora que ha sobrevivido a todas la guerras civiles del siglo diez y nueve, a varios terremotos y a oleadas de desplazados por la violencia, y que, pese a todo, persevera en la construcción de un futuro para sus hijos y nietos, confiando en que continuará atrayendo a nacionales y extranjeros por la belleza de su arquitectura y de su entorno biodiverso. Para lograrlo necesitamos una institucionalidad moderna que estudie lo que realmente somos y actúe en concordancia.

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