Esperaban un pretexto
Por Aura Isabel Olano
La protesta social es legítima, porque cada día aumentan las demandas de las comunidades en diferentes aspectos, por lo que esas voces necesitan ser escuchadas por quienes orientan las instituciones, cuyo deber es analizarlas, buscar soluciones y materializarlas.
¿Quién puede estar en contra de una marcha pacífica, cívica, organizada, motivada en razones ciertas? Muchas manifestaciones con esas características se han realizado en diferentes épocas en el país, sin que se presentaran hechos que lamentar.
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Sin embargo, en los últimos tiempos las protestas, supuestamente pacíficas, terminan siendo aprovechadas por personas, en su inmensa mayoría jóvenes e incluso adolescentes encapuchados, que su único interés es sembrar el caos, y en medio de este, cometer un sinnúmero de desmanes, acciones delictivas contra las personas, las empresas, el comercio, los bienes y el patrimonio público, causando no solo daños físicos, sino grave perjuicio económico y social, al tener que reparar lo destruido, tanto a nivel estatal como particular.
En cuanto a los estragos causados, por ejemplo al transporte público, los directamente perjudicados son los trabajadores, los estudiantes, la gente que sale a rebuscar el diario vivir. Entonces, esos fanáticos irracionales, que aunque intenten justificar sus fechorías con “ideales políticos o éticos”, lo que cometen son delitos, porque además de la destrucción que provocan, roban, saquean, desbalijan comercios y atentan contra la vida de ciudadanos indefensos.
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Esas conductas, propias de personas ruines, ¿tienen justificación? Como nada pasa, porque los sujetos se escudan en el derecho a la protesta, las bandas delincuenciales, estimuladas y azuzadas por agitadores políticos, siguen creciendo y, desde luego, haciendo cada vez más daño a la sociedad. Y, lo más grave, es que, a su vez, utilizan a gente vulnerable para que salga a protestar, poniéndola en peligro a la hora del caos que provocan que, obviamente, la Policía tiene que enfrentar para salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad y de los propios marchantes, no obstante en circunstancias tan complejas, en medio de la lluvia de piedras, de artefactos explosivos, muchos agentes del orden terminan cometiendo exceso de fuerza, lo que es muy grave.
Las protestas ocurridas por estos días en distintas ciudades del país, entre ellas Popayán, como consecuencia de la muerte de un abogado a manos de policías en Bogotá, desde luego que merece, no solo rechazo, sino que sean castigados de manera severa, porque cometieron tortura y asesinato. En ese caso no hay justificación alguna.
Pero, vale preguntar, si los sujetos que cometieron los desmanes en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Manizales, Tunja, Popayán, entre otras ciudades y poblaciones, protestaron motivados por el lamentable caso ocurrido en la capital de la República, que le segó la vida al abogado Javier Ordóñez, o por intereses diferentes.
Desde hace meses se venía tejiendo un “gran paro nacional”, pero se estaba a la espera de un motivo, cualquiera que fuera, que les sirviera a los agitadores de múltiple propósitos: caos, desmanes, robo, de detonante para hacer de las suyas, como acaba de ocurrir. El trabajo desestabilizador lo vienen haciendo colectivos armados del ELN y de las disidencias de las Farc, en barrios populares, en colegios, en los que reclutan y adoctrinan a jóvenes, según organismos de inteligencia.
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Sería que quemando CAI en todo el país, en Bogotá fueron 51; destruyendo buses de Trasmilenio, del Mío y de otros sistemas de transporte urbano del país, lanzando bombas incendiarias contra las instalaciones del colegio de la Policía, como ocurrió en Popayán; rompiendo ventanales y asaltando oficinas de bancos; saqueando pequeños establecimientos de comercio, cuyos propietarios apenas están presentando protocolos para reabrir sus negocios, entre otras cuantas atrocidades, ¿protestaron sinceramente por la muerte del abogado Javier Ordóñez, a manos de dos policías?
Por todas las muertes violentas que por desgracia ocurren en Colombia se debería protestar, pero no es así. Ojalá hubiera ocurrido cuando 21 estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional murieron como consecuencia de un atentado terrorista del ELN, que además dejó 68 heridos.
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