El Derecho y la Justicia en Colombia

Por Redacción en julio 17, 2019

Opinión por Adriana Collazos

El sistema judicial en Colombia ha demostrado tener varias falencias, pero la más grande de todas, y que es una falla estructural para el Estado de Derecho, es que no es imparcial. Frente a esto, la rama judicial en todas sus instancias, no diciendo lo mismo de todos los jueces, pues hay muchos colegas que son rescatables, se ve ante el espectador como corrupta, selectiva y lenta en la aplicación de la justicia.

No podemos olvidar que administrar justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su deontología, es decir, lo que todas las partes esperan y aspiran en un proceso judicial. Aún más cuando se trata de casos emblemáticos a nivel nacional. Sin embargo, la justicia colombiana cojea, es manca, es corrupta, es ciega (pero no imparcial) y además, es pobre de espíritu. Por ende, Colombia requiere con urgencia una reforma judicial.

No hay nada más cierto que lo que las altas cortes colombianas dijeron públicamente en mayo de este año a través de un comunicado, y es que “la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y la garantía de un orden jurídico justo”. Sin embargo, lo anterior no puede ser un mero “decir”, sino que tiene que cumplirse y, más importante aún, debe existir un medio para corroborarse o controlarse.

En todos los países del mundo, la rama judicial tiene un especial poder sobre el Estado, pues es capaz de organizar y hacer funcionar efectivamente a las otras dos ramas del poder público. En los sistemas del common law y en los sistemas romanos, siempre se ha ahincado la idea del tercero que controla, de una forma u otra, el ejercicio del ejecutivo y el legislativo, y que es capaz de impartir justicia. En el common law, por ejemplo, los jueces son conocidos por su imparcialidad e independencia, pues son cargos inamovibles y con buen presupuesto de funcionamiento, además de que se fundan en una idea de integridad clara, que los acompaña en el ejercicio del derecho. En los sistemas de origen romano, en cambio, los jueces no gozan de tanta independencia, pues ejercen como tales por periodos cortos de tiempo, en algunos países con presupuestos bajos y en otros altos, pero con una historia social de corrupción que es difícil de desligar del proceso judicial. Todos, eso sí, con la misma teoría preconcebida en las escuelas de derecho, y es que la justicia debe ser otorgada por un juez íntegro, independiente e imparcial. Sin embargo, como se decía en los viejos tiempos, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

No puede ser que en las escuelas de derecho se diga una cosa, y en el ejercicio, se haga otra completamente distinta. Debería darnos vergüenza que los estudiantes universitarios se enfrenten a la posibilidad de perder su entereza e integridad, cuando apenas son patinadores, en aras de que un proceso judicial avance.

Se ha generado tal falta de credulidad en la rama judicial, que se han comparado historias tan opuestas como la de Santrich, un “exguerrillero”, asesino, secuestrador, narcotraficante, terrorista y reclutador de menores, y la del ex ministro Andrés Felipe Arias, un hombre de bien, que trabajando, sin robarse un peso para sí mismo, terminó implicado en un juicio que muchos dicen, es injusto y debería haber tenido una segunda instancia.
La realidad de las cosas, es que las decisiones, audiencias y falta de acción judicial, adjudicables a las altas cortes que son controversiales y dejan en el viento la sensación de falta de imparcialidad, son demasiadas, entre ellas, la audiencia que discutió la posibilidad de fumigar los cultivos ilícitos con glifosato, las objeciones a la JEP, la extradición de Santrich, su fuga, y su orden de captura, y ahora, la tan sonada solicitud de extradición del ex ministro Arias del año 2014.

Colombia exige una reforma a la justicia inaplazable. Una que proteja a los jueces de las presiones externas y garantice así el debido proceso a los ciudadanos de este país. Colombia requiere que, a través de la inamovilidad del cargo, el buen presupuesto de funcionamiento de la rama judicial y, sobre todo, la no corrupción en ninguna de las instancias del proceso, se garantice la verdadera transparencia. No podemos permitir que la administración de justicia siga adelante como está, pues la confianza en las instituciones públicas debe incrementarse, y la consecución de la justicia debe ser siempre un fundamento para creer en la sociedad. Hace falta que los legisladores se concienticen de la necesidad de un cambio para la rama judicial.

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