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¿Qué buscan los ingenieros Solarte?

Por en noviembre 26, 2020

Por Aura Isabel Olano

Mientras en distintas regiones del país el presidente Duque ha estado dando al servicio carreteras 4G y ahora hasta 5G, en el Cauca sigue estancado el proyecto de ampliación de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, de tan solo 76,09 km.

Durante muchos años los caucanos y los usuarios de la vía Panamericana, por la que se movilizan no solo pasajeros, sino buena parte de la economía del país, esperaron a que se hiciera realidad la aprobación de la construcción de esta obra vial. 

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Cuando, por fin, hace cinco años el Gobierno Nacional le adjudicó la licitación al consorcio Nuevo Cauca, conformado por las firmas Hidalgo-Hidalgo, Solarte Hermanos y Carlos Alberto Solarte (los mismos que tienen demandado al Municipio de Popayán), y luego de que se suscribiera el acta de inicio de la obra el 25 de septiembre de 2015, los ingenieros Solarte entraron en desgracia con la Fiscalía, por lo que el proyecto quedó bloqueado. 

Una de las alternativas era que los afectados por las decisiones judiciales vendieran su participación accionaria en el consorcio, pues había compañías extranjeras interesadas en dicha cesión, gestión que por demás adelantó la Cámara de Comercio del Cauca, cuya presidenta ejecutiva ha estado abogando ante el alto Gobierno porque se superen los obstáculos que se le han presentado a este proyecto, que no han sido pocos, a diferencia de los representantes políticos del Cauca, a los anteriores gobiernos del departamento y del Municipio de Popayán, que poco y nada han hecho por remar para el mismo lado y sacar adelante la necesaria y urgente ampliación de ese tramo de la Panamericana. Ellos, han estado más interesados en las sucesiones en los cargos de elección popular, como si se tratara de una “monarquía”. De ahí, gran parte del atraso del Cauca. 

Cuando parecía que la cesión era la salida, incluso el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, en un evento en Bogotá confirmó que a finales de mayo de 2019 se firmaría por parte del Consorcio Nuevo Cauca, apareció un nuevo tropiezo.

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La Corte Constitucional en fallo de tutela del 20 de junio de 2019 concedió el amparo a la consulta previa de las comunidades indígenas “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes, dejando sin efecto todas las consultas previas realizadas en el 2017. Esa decisión del alto tribunal paralizó de nuevo la ampliación de esta carretera, por la que transita gran parte del comercio internacional.

Además, en el fallo la Corte Constitucional dejó sin efecto la certificación N° 018 de 2017, en la que el Ministerio del Interior certificó la inexistencia de grupos étnicos en la zona de influencia de la Unidad Funcional 3 del proyecto vial, que corresponde al tramo entre Pescador y Mondomo, “segunda calzada Popayán-Santander de Quilichao”, como también los actos administrativos sustentados en ella, incluida la licencia ambiental con relación a dicha unidad funcional, la cual se refiere a la autonomía indígena en su dimensión externa. La Corte le ordenó al Ministerio del Interior que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, iniciara el trámite para expedir la certificación sobre la presencia de grupos tribales y asegurar la participación de las comunidades étnicas que se encontraran en los municipios de Caldono y Piendamó, para establecer cuáles de ellas presentaban un impacto relacionado con el territorio titulado y ocupado por los miembros de dichos grupos étnicos, que ameritara un proceso de consulta previa en el marco de la Unidad Funcional Tres del proyecto vial. Se inició un nuevo viacrucis, que no se sabe cuándo terminará.

Al parecer, con todos esos líos y lo mal estructurado que estuvo ese proyecto 4G en el Gobierno Santos, por sacarlo rápido, sin los suficientes estudios previos para identificar impactos ambientales y sociales que en el desarrollo del mismo aparecieron, hoy los encartados ingenieros Solarte quieren sacar ventaja de ese berenjenal. 

El consorcio Solarte Nuevo Cauca, tenía plazo hasta el 15 de noviembre para presentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la solicitud de licencias ambientales y no lo hizo. No ha mostrado interés para arrancar con el proyecto de la doble calzada. Sabemos que la ANI les propuso alternativas, pero nada han dicho. 

¿Qué están buscando?, es la pregunta que surge. Todo indica que lo que quieren es la liquidación bilateral del contrato de concesión, lo cual implicaría una indemnización para ellos, cercana a los $ 200.000 millones, terrible lance, con efectos gravísimos en las finanzas públicas y en la no ejecución de la doble calzada. 

Aquí no caben diálogo con personas que pretenden sacar una enorme tajada, lo que deben hacer los señores Solarte es cumplir con lo pactado, pues el Cauca y el Estado no tienen la culpa de que estén enredados con la justicia como consecuencia de las irregularidades del Grupo Solarte en el contrato Tunjuelo Canoas, por lo que a su representante legal, Carlos Solarte, la Fiscalía lo acusó por los delitos de interés en la celebración de contratos y peculado por apropiación.         

La ANI, por su parte, debe hacer efectivas las pólizas y buscar que esa firma adelante la obra. Se requiere, igualmente, que el Cauca tenga vocería, que no se quede en el mero discurso, en las declaraciones fofas por salir del paso. Queremos ver actuantes al gobernador Larrahondo, al alcalde de Popayán, a los congresistas, a todos los gremios. Situación similar, estoy segura, no sucedería en otra región del país. Esto solo pasa en el Cauca, Departamento tomado desde hace décadas por las guerrillas de todas las pelambres, por el narcotráfico, por la politiquería, por el abuso de ciertas organizaciones sociales. El Cauca ha sido siempre víctima de todos los atropellos y sus gobiernos han sido inferiores a las circunstancias.    

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