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Objeción a la Ley Estatutaria de la JEP

Por Redacción en febrero 22, 2019

Opinión por: Adriana Collazos, Esq.

El proyecto de ley estatutaria de la JEP es ilegítimo, viciado y claramente objetable por parte del presidente Iván Duque.

Debemos recordar que el Estado colombiano, se declaró en el preámbulo de la constitución política de 1991, como un Estado democrático y participativo, y la etimología de la palabra democracia, es el “decir del pueblo”, o el “poder del pueblo”. Así, se legitima a la población como ultimo renglón del poder, sin importar si es una democracia participativa, representativa o directa; y, dentro de un marco normativo, se debe hacer lo que la mayoría decida. Bajo ese precepto y, aunque suene un poco traído de los cabellos, se entiende que el proceso de paz, al igual que las leyes y decretos que derivan de él, están viciados por falta de reconocimiento de la mayoría del pueblo colombiano como última instancia de la democracia.

El proceso democrático organizado en Colombia de hacer la ley, ejercer la justicia y ejecutar las funciones del ejecutivo, es claro; es una democracia participativa, en la que el pueblo vota para ser representado en el gobierno y el congreso, y ellos a su vez, seleccionan a los grandes magistrados que ejercen y determinan la justicia. Una vez la ley cumple con el procedimiento de ser emitida por el congreso, revisada por la Corte Constitucional y sancionada por el presidente de la República, aunque existan disidencias, todos se someten a ella.

Sin embargo, el proceso amañado al gusto de nuestro ´Nobel de Paz´, cambió las reglas del juego para concretar una serie de normas viles y descaradas contenidas en el acuerdo de la Habana, las leyes y los decretos derivados de él.

La primera decisión amañada del procedimiento de legitimación del proceso de paz del expresidente Santos, fue la elección del método de consulta popular a la ciudadanía. De acuerdo a la ley, el referendo debía ser usado para aprobar o rechazar un proyecto de norma, o derogar una vigente; mientras el plebiscito, era una forma de legitimar una decisión del ejecutivo, que no reformara la constitución política de Colombia. El método más eficiente y adecuado para aquél entonces, habría sido el referendo y no el plebiscito, pues el acuerdo de paz a refrendar era un proyecto de ley que afectaba indirectamente la Constitución Política de Colombia.

La segunda maña del expresidente Santos una vez elegido el método para consultar al pueblo, fue bajar el umbral del plebiscito del 50% al 13% de la población censada para votar; es decir, que sólo cuatro millones y medio de colombianos, indirectamente, decidirían cambiar estamentos básicos de la Constitución Política. En palabras del actual presidente y entonces senador, Iván Duque, fue una legitimación de una trampa a la democracia.

Continuando por la misma senda, la tercera decisión amañada del ejecutivo y premio ´Nobel de Paz´ colombiano, fue olvidar el mandato constitucional, el concepto original de la democracia, y dejar de un lado la voluntad del pueblo, para definir, como cualquier dictador de mala cepa que, a pesar de perder el plebiscito, lo descartaría y continuaría legitimando un acuerdo de paz ilegítimo, bajo un fundamento insuficiente para ser ley.

Además de este proceso grotesco de la norma estatutaria que Colombia hoy, aún tiene la posibilidad de objetar, Santos realizó su cuarta maña cercenando el procedimiento habitual de los legisladores para hacer leyes, y cambiándolo por otro distinto, en el que el papel del congreso se convertía en un simple notario del proceso de “paz” y así, implantó decretos leyes y creo la JEP, que al país le ha costado más de 3.7 millones de dólares.

Haciéndonos los de la vista gorda y asumiendo legitimado el proceso de paz, el presidente de la república Iván Duque tiene hoy una gran labor de responsabilidad y entereza con Colombia y es la posibilidad de objetar, por inconveniente, que los delitos contra los más de 48.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en lo que llaman conflicto armado, sean juzgados por la JEP y reciban las penas irrisorias que se les dan a los criminales que se someten a dicho proceso.

Esperamos que Dios lo ilumine señor presidente, en esta gran decisión.

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