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No tienen pruebas

Por en octubre 1, 2020

Por Adriana Collazos, Esq. 

Entre protesta y vandalismo, la caída del fundador de Popayán y de Cali, Sebastián de Belalcázar, las pujas sociales, las controversias racistas de lado y lado, las nuevas FARC, los cuatro años del proceso de “paz”, los asesinatos de civiles, militares y policías, y otras noticias recientes, no  pueden olvidarse las decisiones de las Cortes del país. 

Entre dichas decisiones está la medida preventiva contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, su consecuente renuncia al Senado de la República y ahora, el proceso de la “ñeñe-política” que quieren endilgarle al líder político. Lo anterior, porque la justicia colombiana cometió, y sigue cometiendo, abruptos contra el presidente, con consecuencias políticas reales para la población votante y, peor aún, para la democracia. 

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No se trata de defender una causa porque es el expresidente de Colombia, o el fundador del Centro Democrático, o porque sea  de derecha, no; se trae a discusión, porque nadie quiere ser juzgado, ni quiere que su familia sea juzgada, por una posición política que ha defendido durante años. No quieren serlo ni los de izquierda, ni los de centro, ni los de derecha. Todos quieren ser librepensadores y vivir en un país cuya legislación sea justa y se enmarque bajo los principios de las libertades democráticas de los países de occidente.

En Colombia se debe terminar con los juicios políticos para dar paso a la verdadera obtención de la justicia técnica y real, porque precisamente se deben garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, además de la celeridad del proceso. Ambas son características básicas de la justicia que, en Colombia, parecen ser ideales a los cuales la gente ni siquiera aspira. Y es que los colombianos deben pensar en una reforma radical de la justicia y, no sé si de las otras ramas del poder público, además de una educación más integral, con formación en historia y ética, para que los colombianos tengan mejores criterios para entender  sucesos y noticias. 

Entendiendo la diversidad de posturas políticas de los colombianos, una persona bajo juicio o sospecha, no quiere jueces ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino jueces imparciales capaces de ejercer su función como tales, separándose de manera estridente de sus creencias, posiciones políticas, sexo, diversidad si la tiene, raza, entre otras.  Nadie espera llegar a ser juzgado por el fascismo disfrazado de comunismo, el comunismo puro, o el fascismo en sí mismo, o por un juez liberal, conservador, del Centro Democrático, de la U, o del partido verde. Tampoco sería prudente o justo, ser juzgado por causas políticas o credos religiosos, o por ejemplo, por ser una mujer. 

A todos nos gustaría tener un “suprahombre” como juez. 

Pero no tiene que ser alguien del otro mundo, sino alguien que pueda separarse de todo lo que es, en el momento en que debe definir una  causa específica. Otro de los estándares que en Colombia, a pesar de ser un ideal para cualquier sistema, se cree imposible de conseguir. La verdad, es que se debe acabar con la cultura del “imposible” para los colombianos; terminar con el pensamiento del “idealismo no aspiracional” y regresar al ser y a la deontología de la sociedad misma, buscando ser mejores como individuos y como sociedad.   

Las dimensiones políticas del juicio y todas las denuncias infundadas que han interpuesto contra Uribe, se han visto resueltas por la más grave de todas las consecuencias políticas para sus electores, la renuncia inevitable de uno de los senadores más votados del congreso. La verdad, es que trataron de acallar la voz y la elección del pueblo que lo respaldó en las urnas, sin tener realmente fundamentos soporte para hacerlo. 

Ante esa realidad, se debe abrir los ojos y estar alerta. 

No estamos frente a un Estado totalitario, y los jueces, si bien son una herramienta fundamental, no son la única, ni tampoco estamos frente a un Estado absolutista, sino que estamos frente a una democracia donde se hace lo que el pueblo decida en las elecciones. Un Estado Social de Derecho, donde se supone existen tres ramas del poder público: la Ejecutiva para dirigir la política del país y tener un comandante en jefe de las fuerzas armadas y de policía; la Legislativa que tiene el poder de reformar y activar nuevas leyes, y la Judicial, que rige a los coasociados y al Estado mismo, bajo indicaciones precisas de la Constitución y las leyes. No obstante, si bien esta última rama parece ser la más importante de todas porque ejerce control sobre el Estado, no es la única en el poder tripartito, y no es el único poder. 

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El constituyente primario, hace mucho tiempo les otorgó ese poder a los jueces porque confiaba en que lo ejercerían jueces neutrales, jueces que irían más allá del -idealismo no aspiracional-, que querrían el fin de la justicia como fin último de toda providencia, y no acomodarían sus decisiones hacia ningún pensamiento político. 

¿Cuáles son las pruebas “fehacientes” contra Uribe? Pues en realidad, no existen.

En el caso de los testigos falsos y el fraude procesal, la credibilidad y confiabilidad del señor Monsalve continúan comprometidas por diversas razones. Además del árbol envenenado de la prueba reina, es un reo privilegiado como pocos de los presos de la picota; indicó que fue paramilitar para acogerse ante una justicia distinta, cuando ningún otro paramilitar ha admitido que fuera parte de esa organización, e incluso, lo han negado; tampoco fue admitido en justicia y paz; al parecer, recibió una finca de parte de Iván Cepeda o de su fundación, principal denunciante en el proceso contra Uribe, y manifestó a un compañero de celda, excombatiente de las FARC, que podría cambiar su testimonio si lo llegasen a cambiar de cárcel para llevarlo a Valledupar. La Corte Suprema, sin embargo, mostró a Monsalve como el testigo estelar, y ahora, el caso pasó obligado a la justicia ordinaria y continúa bajo la misma premisa. De estas acusaciones infames, también aparecen damnificados el representante a la cámara Álvaro Hernán Prada, otra víctima inocente, y el abogado Diego Cadena.   

Las acusaciones sobre las masacres del Aro, San roque y la Granja, con hechos que tuvieron lugar hace más de 30 años, y también son infundadas. Si bien son crímenes de lesa humanidad, fueron perpetradas por paramilitares, no por el Estado. En aquella época, Uribe no era Presidente sino Gobernador de Antioquia. Sin embargo, imagínense si le achacamos a todos los gobernadores de Colombia las masacres realizadas por sujetos al margen de la ley en sus regiones, bajo el entendido de que por ser gobernadores deben proteger a la población y asumir esa responsabilidad. ¿Quién quisiera ser entonces gobernador de ningún territorio?  Se deben analizar los hechos, claro, pero no pueden culpar a unos de ciertas masacres y a otros no.  

En el caso de la “Ñeñe política”, de la cual la Corte Suprema manifiesta tener competencia para conocer de los hechos, se debe recordar que es un caso que poco o nada tiene que ver con Uribe, pues no era su campaña. Los audios deben analizarse realmente, pues en ellos, el expresidente no tuvo participación alguna ni son tan comprometedores como informa la prensa.  

No se deben sacar de contexto las realidades, recuerden que se debe ser coherente para obtener resultados coherentes. Es muy difícil apreciar la verdad cuando se tienen hechos, ni siquiera ciertos, que son asumimos como verdades absolutas.

Se debe detener esta ruleta rusa donde los conflictos políticos se manifiestan y desarrollan conduciendo a la supresión del otro, reduciéndolo a la impotencia, silenciándolo, o matándolo. E. Zuleta bien lo decía en su libro “Elogio a la Dificultad” cuando hablaba de conflictos sociales. 

El presidente Álvaro Uribe merece garantías procesales, igual que todos los colombianos que deban vivir procesos judiciales. Daría vergüenza que un proceso judicial nacional, tuviera que conocer estrados internacionales para que se lograra reconocer que él, a pesar de ser político, y como cualquier otro individuo, tiene derecho al debido proceso judicial.

Los conflictos y contradicciones entre los colombianos deben tener una salida, nadie dice que no deban existir, pues somos humanos, pero así mismo, se debe propender por una sociedad con mejores conflictos y mejores soluciones a ellos. Tenemos que abrir los ojos, insisto, ante el hecho de que se utilicen procesos judiciales para acallar a un líder político porque se silencia su voz y la de todos aquellos que votaron por él. 

Y es que se han olvidado del más fuerte de los poderes estatales, el constitucional literalmente, el fundacional o constituyente primario, el poder del pueblo que se manifiesta a través de las urnas; es decir, han olvidado el poder que radica en usted, en mí y en todos los colombianos.

Ojos abiertos colombianos, y una posible reforma a la justicia, he dicho.       

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