Más de $ 20 mil millones dejó incendio de la URI en Popayán, Fiscal general rechazó acto criminal

Por Redacción en mayo 16, 2021

El jefe del ente investigador calificó de ataque inmisericorde contra la Fiscalía y la Administración de Justicia.

En medio de la destrucción causada por el criminal incendio de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI) en Popayán, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de manera contundente rechazó los actos de violencia que ocurrieron en esta ciudad, en donde también fueron reducidas a cenizas las instalaciones de Medicina Legal.

En declaración, Barbosa Delgado afirmó que, en Popayán se produjo un ataque inmisericorde contra la Fiscalía y con ello contra la Administración de Justicia que representa la institución, hija de la Constitución de 1991.

Agregó que, el terrorismo urbano, en conjunción con la delincuencia organizada incendiaron y saquearon la URI, destruyendo la sede de Medicina Legal, incineraron nueve vehículos de la entidad, seis motocicletas, decenas de equipos de cómputo, impresoras, fueron robadas 51 armas de fuego y munición que contenían los armerillo; extrajeron sustancias estupefacientes que estaban incautadas. Los daños, inicialmente, señaló el Fiscal general, están valorados en $ 20 mil millones.

“Estamos hablando al mismo tiempo de la pérdida de información muy importante, de archivos en donde reposaban las entrevistas que desde el año 2010 se habían hecho a niños violados, destruyeron la única cámara especializada y técnica para proteger las investigaciones a nuestros chiquitos, fueron desbalijadas. Saquearon de la manera más salvaje la administración de Justicia en el Cauca”, aseguró el fiscal Barbosa.

Añadió que ese cobarde ataque en Popayán no tiene nada que ver con la protesta pacífica. “Aquí lo único que se busca a través de múltiples actores es imponer un modelo cuyo elemento central es el caos, la zozobra, la destrucción del Estado Social de Derecho en Colombia”.

Frente al caso de la joven de 17 años que se suicidó, a consecuencia, supuestamente, de sufrir violación por parte miembros del Esmad, versión que la Policía ha desmentido de manera categórica, la Fiscalía envió a dos fiscales a Popayán. Según Barbosa, una de ellas es experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal que recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Así mismo, se ordenó una autopsia psicológica con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Afirmó, igualmente, que “la muerte del joven Sebastián Quintero también será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán, que no hay en este momento un Instituto Forense para poder hacer análisis sobre ese cadáver ni determinar ni esclarecer lo que ocurrió producto de la salvajada que se produjo en esta ciudad”.

El ataque a la sede de la URI

El balance preliminar frente a lo sucedido en la URI de la Fiscalía General arroja pérdidas cercanas a los $ 20 mil millones.

Fueron destruidos los laboratorios forenses, en donde los investigadores científicos trabajaban en el esclarecimiento de los delitos que suceden en esta región del país.

También resultaron afectadas en su totalidad las oficinas para la atención integral de víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, las dependencias en las que son atendidos casos contra los niños, niñas y adolescentes, constituyéndose así en un ataque a la Fiscalía, y que atenta de igual manera contra las víctimas.

En medio de los desmanes fueron incendiados nueve vehículos, seis motocicletas, decenas de equipos de cómputo e impresoras. Además, fueron hurtadas armas y munición de los armerillos; y fue extraída cocaína y marihuana que había sido incautada en operativos contra el tráfico de estupefacientes.

“En este punto destruido continuará el proyecto de construcción del Bunker de la ciudad de Popayán, que se entregará a la ciudadanía en el año 2023. Estamos presentes y continuamos garantizando, con dificultades que iremos superando, nuestra función de administrar justicia en esta ciudad”, reiteró el Fiscal.

“Este ataque material no implica solamente un ataque a la Rama Judicial, sino a toda la ciudadanía de Popayán”, finalizó el Fiscal General.

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