Licoreras en paro contra proyecto de ley que les dejaría trago amargo

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Sintrabecolicas lidera la protesta nacional, gerencia de la ILC respeta el paro y pide al Congreso mantener el monopolio, pero también se prepara para escenario adverso.

Pie de Foto:  Juan Pablo Matta Casas, gerente Industria Licorera del Cauca

En reunión el pasado 30 de septiembre en la cafetería de la factoría de Los Quingos, el presidente nacional de Sintrabecolicas y de la subdirectiva Cauca, Diego Felipe Pardo, les solicitó a los trabajadores su solidaridad y compromiso con el paro que a partir de las 6:00 de la tarde del 3 de octubre iniciarían las licoreras públicas del país, en rechazo a la actitud del Gobierno Nacional de impulsar la aprobación del proyecto de Ley de Licores, con el que se pretende modificar el monopolio rentístico que los departamentos ejercen en la explotación y distribución de esos productos. En la reunión se hizo presente el gerente de la empresa, Juan Pablo Matta Casas, quien brindó el apoyo de la administración para defender los intereses, no solo de las licoreras, sino de las rentas departamentales.

“Este paro convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores, Sintrabecolicas, es de todas áreas de las empresas, el cual la administración respeta, por ser un instrumento que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el riesgo que corren las licoreras nacionales. Hemos realizado mesas de trabajo lideradas por el Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, para preparar de manera eficaz y rápida a la empresa de los caucanos para mitigar las afectaciones que traería esta ley, en áreas como producción, mercadeo, distribución, comercialización y financiera”, señaló Juan Pablo Matta Casas, Gerente de la Industria Licorera del Cauca.

A su turno, el presidente nacional de Sintrabecolicas y de la Subdirectiva Cauca, Diego Felipe Pardo, dijo que el movimiento sindical está atento a la votación que harán los congresistas en el cuarto debate del proyecto de Ley de Licores y que se espera, tengan en cuenta las recomendaciones que están haciendo algunos senadores que están aportando para que la producción nacional no se vea afectada.

Paralizan actividades las licoreras de Antioquia, Caldas, Cauca, Tolima y Valle, que cuentan con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y de otras organizaciones sindicales, sociales y gremiales.

El periódico La Campana que presenció la reunión del sindicato de la Industria Licorera del Cauca, habló con el gerente Juan Pablo Matta Casas y con el presidente del Sintrabecolicas Nacional y Seccional, Diego Felipe Pardo, para conocer sus posiciones frente al proyecto de Ley que se debate en el Congreso.

La Licorera del Cauca está dando la pelea: Matta Casas

En la lucha por mantener el monopolio rentístico en los departamentos que aún tienen licoreras, el gerente de la Industria Licorera del Cauca, Juan Pablo Matta Casas, identifica tres actores fundamentales: La Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, ACIL; la Federación Nacional de Departamentos y los sindicatos de trabajadores de la Industria, cada uno con un interés diferente, que al final se conectan.

La Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, ACIL, con un gremio activo, ha venido haciendo lobby en el Congreso, explicando que las licoreras no solo son productoras de impuestos, sino de utilidades, pero que además, son productoras de lazos sociales, de comunidad, de sociedad, que en regiones en donde no hay licoreras, ese tejido social no existe. Matta Casas, dice, que un ejemplo de ello es la Licorera del Cauca, que llega a apartados poblados del Departamento, muchas veces a caballo, para patrocinar fiestas que generan recursos para las comunidades, tarea que a los importadores de licores no les interesa.

Otro actor, es la Federación Nacional de Departamentos, porque a través de las industrias licoreras se desarrolla el monopolio de los licores, pero con la dificultad de que solamente quedan seis en el país, mientras los otros 26 departamentos explotan su monopolio, ya sea por medio de una de las factorías que están vivas, o les maquilan el producto, o tienen el mercado abierto. Entonces, según Matta Casas, la pelea de los entes territoriales que mantienen sus licoreras es difícil por estar en minoría.

La Federación Nacional de Departamentos, de la cual hace parte el gobernador del Cauca, Óscar Campo, ha venido hablando con el Gobierno Nacional, en procura de buscar la manera de que esas rentas no se disminuyan, que sea un proceso tarifario el que permita mantener o aumentar los recaudos que se hacen por las ventas de licores.

Para el gerente de la Industria Licorera del Cauca, al Gobierno Nacional le es indiferente qué trago se venda, porque igual se va recaudar el impuesto, y cree que es más benéfico que se vendan aguardientes de mayor grado alcoholimétrico, porque más tributos se van a pagar, lo que es un sofisma, indicó.

Señaló, que la Federación Nacional de Departamentos logró que el proyecto se modificara, para que la estructura tarifaria quedara nuevamente en los departamentos, porque el Gobierno Nacional pretendía que los impuestos fueran directamente a la DIAN y no se quedaran en las regiones.

“El otro actor es el sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas, Fermentadas y Espumosas, Sintrabecolicas, que ha venido haciendo continua presencia en el Congreso de la República, generando discusiones y debates académicos que han permitido que los parlamentarios entiendan que el proyecto como tal es inconstitucional, que no pueden superar lo que el constituye de 1991 pretendió, al ceder las rentas del impuesto al consumo y eso también ha permitido que varios de los artículos que eran más gravosos se hayan modificado”, aseveró el gerente de la Licorera del Cauca.

Han sido, dijo, 10 meses de discusión en foros en distintos departamentos y en el Congreso de la República, a los que han asistido el Gobierno Nacional, en especial el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la Comunidad Europea, tratando de convencerlos desde la razón, lo poco oportuno que es el proyecto de Ley de Licores. “Pero el Gobierno Nacional ha hecho un compromiso con la Comunidad Europea, a través del TLC para generar este tipo de reglamentación nueva desde lo legal, a fin de permitir que los productos de la Comunidad Europea entren al país en otras condiciones, y lo que nosotros percibimos es la intención del Ejecutivo de pasar la ley para honrar su palabra en los TLC”.

Añadió, que el cese de actividades de las seis licoreras del país, convocado por el sindicato, es con el fin de llamar la atención de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de los congresistas, especialmente de los senadores, para que revisen los argumentos que tienen antes de votar la ley, y observen los perjuicios que pueden generar aprobándola.

L.C. ¿Qué perjuicios le trae a la Licorera del Cauca, ese proyecto de Ley?

J.P.M.C. La Licorera del Cauca le transfirió en el 2015 al Departamento por impuesto al consumo $40.000 millones, recursos que tienen destinación específica para salud y educación. Pero, además, la empresa le transfiere cerca de $4.000 millones en utilidades que son de libre inversión del Departamento y en gran medida son los recursos que permiten traer más recursos del nivel central para cofinanciar proyectos que requiere el Departamento.

La proyección de lo que puede pasar en el mercado no está hecha, porque no sabemos cómo terminará la ley, pero percibimos que la nueva estructura tarifaria puede subir el valor del aguardiente, lo que determinaría un menor consumo del producto.

Sin embargo, el gobernador me dio la instrucción de preparar los escenarios financiero, de producción y distribución para que la Ley no sea perjudicial para la Licorera. En eso hemos venido avanzando, mejorando los procesos, los procedimientos, las cadenas de distribución, la forma de comercialización y el stock en el mercado, para estar preparados frente a cualquiera de los escenarios que se presenten. O sea, los planes B, C y hasta Z, los tenemos listos por si se aprueba la Ley, pero queremos dar la pelea antes de que la aprueben, tratando de mantener el statu quo, que es lo que mejor le produce al Departamento.

La Ley de Licores como tal, es una camisa de fuerza del TLC y según el Gobierno, en esos tratados quedó pactada la libre competencia y una estructura tarifaria que no fuera discriminatoria frente a los productos del exterior, pero el monopolio es, precisamente eso, una medida discriminatoria de la producción de otros departamentos y de otros países para proteger la producción local, la generación de recursos y la generación de productos a nivel local.

L.C. El aguardiente es un producto de origen, ¿se protegió ese carácter en la Ley?

J.P.M.C. Una de las conquistas logradas por los tres actores antes citados, es la salvaguarda al aguardiente por seis años, o sea que durante ese tiempo el aguardiente estará protegido y no podrá entrar al Departamento ningún otro aguardiente nacional o internacional, porque es un producto de origen. Sin embargo, vamos a tener la entrada masiva de productos internacionales de muy mala calidad, a precios mucho más competitivos. Se habla de aguardientes coreanos y vietnamitas más baratos en cuanto al costo de producción. Buscamos que la gente sienta y entienda que los productos de la Licorera, son los productos del Cauca, porque detrás de cada botella de aguardiente está no solamente la financiación de proyectos, sino lo que genera la caucanidad, que la gente ayude a proteger la empresa; antes de la ley, presionando para que no la voten, y después de la ley, consumiendo aún más los productos de la Licorera.

La idea es mejorar la empresa desde los procesos internos para ser más eficientes los procesos externos de distribución y comercialización y hacer mucho más rentable el producto. A esta fecha, por ejemplo, llevamos alrededor de 750 mil botellas producidas de más. Al acercarnos al tope de la capacidad de producción, los costos bajan y se vuelven utilidad. También hemos tratado de controlar el mercado, para que el producto que allí llegue sea el que se esté consumiendo y no tengamos acaparamiento, como ocurre desde hace mucho tiempo para pasar el año con producto a un precio y venderlo a otro.

L.C. ¿Qué se haría en el caso de que se introduzcan licores de distintas partes, hasta vietnamitas, productos adulterados y otros de contrabando, quién controlará esa situación?

J.P.M.C. Esa es la dificultad del Estado, pues digamos que un Whisky, que vale hoy $180.000 quedaría costando casi $ 300.000 y seguramente el consumidor lo buscará de contrabando. Los productos más costosos son los más susceptibles de ser contrabandeados. En el caso nuestro, la ilegalidad la encontramos en el adulterado, que puede estar cercano a un millón de unidades, y el licor de contrabando. No obstante, el Estado no tiene la capacidad para controlar ese fenómeno. En el Cauca no hay, siquiera, Policía Fiscal y Aduanera, cuando se hace una solicitud de acompañamiento, se debe esperar a que manden unos policía de Cali, porque son los únicos que pueden hacer el proceso y eso nos demora. Sin embargo, tenemos que ser capaces de mejorar, no solo desde la Licorera, sino en todos los eslabones de la cadena: la Oficina de Rentas, el Grupo Halcón, la Policía Fiscal y Aduanera y el CTI para golpear con contundencia a las personas que traen contrabando y adulteran licores, porque están robando las rentas del Departamento y poniendo en riesgo la salud pública.

Lo que quiere el Gobierno es favorecer a los importadores: Pardo

Por su parte, el presidente Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas, Fermentadas y Espumosas, Sintrabecolicas, Diego Felipe Pardo, le dijo www.periodicolacampana.com, que los asesores del sindicato consideran que el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso, es inconstitucional, y coinciden con ACIL, en que las pretensiones del articulado del proyecto, hoy 189, están provocando que las asambleas les den facultades a los gobernadores para que cedan al sector privado el monopolio de producción, distribución y comercialización, mientras la Constitución Política de Colombia dice claramente en el artículo 3.36, que el Estado crea un monopolio que es uno solo por arbitrio rentístico y se lo cede a los departamentos para que lo exploten, tanto en la producción de alcoholes y licores, como su distribución.

L.C. ¿Por qué la Ley de Licores sería inconstitucional?

D.F.P. Ese tema está claro, a los congresistas se les ha dicho que a través de una Ley no pueden modificar una norma constitucional, sino por medio de un acto legislativo. Sin embargo, se hacen los de oídos sordos. Se inventaron como sofisma, que la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con los Tratado de Libre Comercio, están alegando discriminación en el tema impositivo, porque en la actualidad las licoreras pagan por grado alcoholimétrico el impuesto al consumo.

Nuestro asesor, Hernán Vicente Pabón, hace unos cálculos y demuestra que esa carga impositiva que lleva el proyecto haría que los licores nacionales incrementen los precios en un 50%, y a los importados les van a hacer una graduación desde el 25 al 35%. Es decir, que afectaría a las licoreras, porque a los productos habría que incrementarles el precio en un 50%, por lo que rotarán menos en el mercado. No es lógico el planteamiento que hace el Gobierno, que asegura va a recaudar más impuestos, por lo contrario, si rota menos el producto en el mercado por su mayor costo, se recaudarán menos impuestos. Cree el Gobierno que los licores importados pagarán más impuestos. Pero, hicimos un estudio y eso no es cierto, sobre todo en whisky, porque de los de alta gama se venden 100 o 200 cajas, en cambio de aguardiente se venden 50.000 cajas.

L.C. ¿Y en cuanto a los vinos?

D.F.P. Argumentan que los importadores se quejan porque son discriminados, pero el Gobierno Nacional, con la reclamación de los embajadores de España y de Francia, presenta una propuesta de bajar el impuesto de los vinos al 15%. O sea, no ad valorem al 25% sino al 15%, y a los whiskies sacarlos de dos escalas. ¿Qué es esto? ¿Es discriminatorio o no? Está mostrando lo que hemos dicho desde un principio, que lo que quiere el Gobierno es favorecer a los importadores de licores. Los mismos importadores de whisky están contrabandeando, como lo demostró la Federación de Departamentos, en una demanda que está por salir en Estados Unidos.

Lo otro, es que el Gobierno plantea que los que Tratado de Libre Comercio lo exigen. Llevamos a los asesores que tuvo en los TLC con Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea, quienes hicieron una lectura, la cual nos socializaron en la Cámara y en el Senado, y dicen que, incluso, hay algunos artículos que rezan que se respetará la legislación que existe en cada país en el aspecto de licores. Entonces, tampoco es verdad que esos TLC estén reclamando.

L.C. ¿Qué alternativas ha considerado Sintrabecolicas para que la Ley no sea votada?

D.F.P Ante esa situación, tenemos dos alternativas: Una, que el Congreso hunda el proyecto de Ley, que no lo va a hacer, porque el Gobierno no va a desistir. La otra, que cuando sea Ley, la demandemos por inconstitucional. Pero nos preocupa la demora de ese proceso, pues la Corte Constitucional puede fallar en dos o tres años, entre tanto, varias licoreras tendrían que cerrar por no poderse sostener. Por eso planteamos como alternativa de presión coyuntural, la protesta por la defensa de la educación y la salud de los colombianos.

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