Las leyes y sus procesos

Por Redacción en mayo 19, 2020

Por Adriana Collazos, Esq.

Una cosa son las leyes y otra muy distinta la implementación de las leyes. En teoría del análisis de Políticas Públicas, es clara la diferencia entre el proceso de creación, los actores, algunos estatales y otros privados, las ponencias y demás y, por otro lado, los beneficiarios y la implementación de la ley, sus errores y dificultades. Es decir, existe una clara diferenciación entre el reconocimiento del problema o vacío legal, la posterior decisión de hacer la ley y finalmente la implementación de la misma y su posterior análisis.

La implementación de una ley, por ende, no se le puede atribuir al Congreso de la República, a su autor, o al ponente, o al presidente que la ratificó, o a la corte que le dio luz verde para salir a la luz pública; y si lleva décadas funcionando, tampoco se puede atribuir a un solo gobierno, menos cuando se sabe que existen factores externos como la corrupción que corroe la sociedad en que dicha ley se aplica. Si bien es cierto el Congreso de la República tiene la función de crear los textos de ley, es el Ejecutivo el que debe implementarlos.

Una vez identificado el problema social y cuando los políticos deciden tenerlo en su agenda, se convierten en gestores o promotores de la idea y se realizan los proyectos de ley. Los proyectos de ley bien hechos y las normatividades que derivan de ellos, deberían tener un proceso de formación, dependiendo del tema, de aproximadamente 3 a 9 meses, trabajar con asesores y expertos, y concluir sujeto a los cambios que se concluyan en los debates del mismo Congreso. En Colombia es un hecho que algunos congresistas ni siquiera conocen la diferencia entre la ley y, por lo visto, la implementación de la misma, además, se hacen los de la vista gorda frente a la corrupción como problema de implementación.

El texto de la ley 100 de 1993 si bien es muy controvertido últimamente a nivel nacional, fue calificado por la OMS como uno de los sistemas más sobresalientes en Latinoamérica. Su implementación, sin embargo, lleva más de tres décadas de historia, modificaciones, diversidad de gobiernos, algunos más deshonestos que otros y variedad de escenas de corrupción. Ahora con la crisis mundial y con los sistemas de salud a punto del colapso en países de primera categoría como China, España, Italia y Estados Unidos, no seamos tan aligerados de juzgar una ley que ha servido a un país por más de 30 años.

Pero cualquier ley debe analizarse por lo que es: un texto aplicado dentro de una coyuntura específica.

Para encontrar un problema real en la implementación y eficiencia de ley 100 y sus puntos de obsolescencia, el analista, experto o simple observador, debe extraer las vendas de sus ojos y los sesgos políticos, quitarse las ropas de clase, estratos sociales y el populismo, las experiencias que haya sufrido como beneficiario del sistema y sentarse a estudiar las verdaderas fallas de la aplicación de la ley. Solo así se puede ser neutral para lograr un análisis imparcial. Lo anterior, para que pueda ser proactivo y no destructivo, como lo son los algunos políticos que pretenden manipular a la población con populismo y sin ofrecer soluciones eficientes.

Eso sí, si es político, debe conocer que las leyes se promulgan en seis meses o un año y que deben plantearse en otro término de tiempo adicional, que dependerá de la solución trazada al problema y si es un cambio sistemático o un cambio puntual. Pero deben ser realistas y dejar de pensar que si atribuyen fallas al sistema de salud, como por arte de magia inmediatamente va a ser reformado. Sean claros con sus electores, planteen soluciones válidas y guarden la cizaña mal encaminada hacia fines diferentes del bien común.

En la década de los 90 alrededor del mundo se generaron varias reformas a los diversos sistemas de salud, entre ellos el colombiano. El sistema de salud de nuestro país tuvo por fines llegar a una cobertura universal y a introducir el concepto del subsidio de unos a otros con menores recursos, puros conceptos de solidaridad que deberían funcionar en un Estado cualquiera. Ese es el texto de la ley, es decir, no traía ni el funcionamiento de las EPS, ni los nombres establecidos de los futuros administradores de las entidades de salud, ni de los diversos ministros o gobernantes, ni las funciones de las entidades de control, ni nada de esa naturaleza. La corrupción que ha existido en paralelo a la ley 100 de 1993 y fue lo que verdaderamente contrajo su implementación, pero se puede corregir.

Entre los problemas que se han mencionado, están la falta de implementos para atender la enfermedad y por ende la desprotección y falta de garantías laborales del personal de salud, la corrupción de políticos y de personal de las propias entidades, el mal manejo de dineros y los contratos a dedo, el funcionamiento correcto de algunos establecimientos, siguen en tela de juicio. Ejemplos de corrupción de dichas entidades en los últimos ocho años, son Saludcoop, Medimas, Cafesalud, Caprecom, Selvasalud, Solsalud, Humana Vivir, entre otros. Entonces, por favor, pongámonos serios y no le atribuyamos toda la responsabilidad a una ley que pretendía la cobertura universal y un sistema solidario de aportes; menos, la de la –maldita- corrupción que se apodera de Colombia.

La ley 100, mal que bien, cumplió con sus cometidos de otorgar un subsidio y una universalidad para todos, pues pasó a tener más del 97% de colombianos afiliados al sistema. Antes de 1993, las personas adineradas debían pagar los servicios de salud y los demás, debían atenerse a los bien-haberes de los adinerados y a su clemencia. Hoy día además, el subsidio también funciona, por ejemplo, un contratista que recibe más de 15 millones de pesos debe pagar más de 2 millones de pesos en prestaciones sociales, mientras que hay otras personas que únicamente deben afiliarse al servicio. Es decir, ambos cometidos se han cumplido.

Ahora bien, nadie puede decir que el sistema funciona perfectamente o que está exento de fallas que existen por fuera del sistema, cuando la corrupción es incuestionable y se manifiesta en un servicio mediocre y de baja calidad, en filas, falta de camillas o de implementos de salud. También, otro error es la falta de estandarización de las entidades prestadoras y demás actores, y la cantidad de intermediarios y la falta de control histórico, por parte de la Superintendencia de Salud que solo hasta el año pasado obtuvo las facultades sancionatorias que requería.

Con base en lo anterior y para concluir, se debe entender que estamos en medio de una pandemia y que en ella no se va a cambiar de sistema de salud porque a algunos les parezca conveniente en materia de contienda política. Las leyes no son eternas ni inmoldeables, pero sí deben pensarse de manera cuidadosa, especialmente cuando tratan temas tan importantes como el de la salud y, además, se deben tomar en cuenta los términos legales para realizar una reforma, de ser necesaria.

Esto no quiere decir que el Estado deba quedarse inmóvil frente a las necesidades que se van viendo, sino que se deben tomar las medidas temporales necesarias para solucionar los problemas de corrupción e ineficiencia que se identifiquen, como se han venido tomando, y los problemas laborales y de contratación. Además, se debe hacer un llamado al control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud y otros entes de control, para que se fiscalicen los recursos que están entrando al país y se están repartiendo a través de las entidades del Gobierno colombiano.

Y a largo plazo, después de un análisis de políticas públicas, teniendo en cuenta todo lo dicho y las necesidades que arroja la crisis derivada del COVID-19, sabremos elegir un sistema de salud eficiente y libre de corrupción. Pero ojo, pues este sistema podría ser la misma ley 100 con mayor vigilancia y control y requisitos de afiliación más sencillos, o con modificaciones que la hagan más moderna; o uno nuevo diseñado con tanto esmero como el anterior, con investigaciones serias y expertos en el tema, sin politiquerías, ni populismos, que no llevan a nada diferente de ineficiencia y mayor corrupción. Las leyes siempre están abiertas a cambios, repito, lo que sucede es que si se piensa hacer un cambio, este debe pensarse con responsabilidad social y crearse con juicio y no a la ligera. He dicho.

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