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La Minga y Sodoma y Gomorra

Por en marzo 31, 2019

Opinión Por: Adriana Collazos, Esq.

El derecho a la huelga y a la protesta, al igual que los derechos de los pueblos indígenas, hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia al estar en la Constitución Nacional y ser reconocidos como tales en el Convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales. Dentro de su Derecho Mayor como pueblos indígenas del Cauca tienen el derecho a la tierra como madre de su comunidad. Sin embargo, no se pueden desconocer los derechos fundamentales también reconocidos por la Constitución Nacional de los otros habitantes del Departamento del Cauca, sean campesinos, mestizos o afrodescendientes. Ellos, al igual que los indígenas, llevan siglos trabajando la tierra y tratando de convivir en paz.

La Minga Indígena, que como práctica ancestral debería ser el camino erguido a través de la palabra y el reconocimiento del otro y su verdad, se ha convertido hoy día, en un muladar de intereses políticos, armados y egocentristas que despojan de sus derechos a los demás pobladores del Departamento del Cauca. Todo lo anterior, dejando como resultado los más de 45 mil millones de pesos en pérdidas, a través del sacrilegio de las pocas empresas de la región, el menoscabo al derecho fundamental de la salud de los menores y adultos, los atentados contra la vida y la libertad de algunos ciudadanos, los daños a los bienes y servicios de abastecimiento básicos, el incremento en los costos de la canasta familiar y el desorden con el que se ha imperado desde hace más de 8 años para imponer sus solicitudes.

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Desde el 10 de marzo de 2019 la Minga por La Vida, como paradójicamente lo han denominado los indígenas, no ha cesado, y han bloqueado la Panamericana como instrumento de presión por ser una de las vías principales de comunicación entre un departamento y otro. Nariño, el Cauca y el Valle se encuentran incomunicados entre sí, obstruyendo, no solo el paso de los bienes primarios como la leche, los alimentos, los medicamentos y la gasolina, sino también dificultando la prestación de servicios básicos como la salud, la electricidad, el transporte, entre otros. Hoy día, amenazan con cerrar el aeropuerto de la ciudad de Popayán, cambiando así la naturaleza de lo que debería ser la Minga Indígena por una extorsión de todo nivel.

El ejercicio de la soberanía del Estado colombiano se ha visto deteriorado, pues la Minga deja de lado a poblaciones enteras de ciudadanos inocentes como si sus derechos fueran de tercera o cuarta categoría. El propio Estado actúa con aprensión frente a los indígenas, con temor de que los ojos internacionales manifiesten su opinión y sea contraria al accionar de la fuerza pública. La realidad de todo este meollo es que Santos, dejó mal acostumbrado al país y a los pueblos indígenas del sur de Colombia, pues cada vez que hacían paro y utilizaban las vías de hecho o la criminalidad, siempre terminaban con un acuerdo y un autógrafo del gobierno nacional que legitimaba más recursos y más tierras de las que tenían anteriormente, haciendo difícil, sino imposible, su cumplimiento para el gobierno sucesor.

La queja ante el Gobierno Nacional siempre será la misma, y es la frase mitológica que hace referencia a que las tierras del Cauca pertenecen a “la oligarquía”. Sin embargo, la realidad es otra, los asentamientos indígenas con más de setecientos veinte mil hectáreas y los afrodescendientes con aproximadamente seiscientas mil de los tres millones de hectáreas caucanas, demuestran que ya no es cierta la frase de caudillo barato. El resto del Cauca es de los campesinos y algunos pocos mestizos que corrieron con suerte y aun son propietarios de un pedazo de tierra. Sin embargo, ni los afrodescendientes, ni los campesinos, ni los mestizos son la musa de estas letras, pues no es contra ellos la inconformidad que hoy manifiesto.
Claramente, es contra los indígenas del Cauca que han despojado de su propiedad a cientos de caucanos por las vías de hecho, invadiendo terrenos, amordazando a sus empleados o a ellos mismos, quemando sus fincas, robando sus ganados y despojándolos de su derecho constitucional a la propiedad privada. El Departamento del Cauca hoy permanece en el olvido y está cubierto por más de 15.900 hectáreas de cultivos de coca , 162 de Amapola y 69 de marihuana que movilizan a los grupos armados ilegales para realizar ataques aliados a la Minga Indígena.

El Cauca con tres millones de hectáreas y casi un millón novecientas hectáreas de bosque , tiene solo un millón cien mil hectáreas de frontera agropecuaria; es decir, de área donde se pueden llevar a cabo la agricultura y otras actividades productivas. Después de los acuerdos del Gobierno Nacional a 2017, Colombia habría entregado legalmente casi 300 mil hectáreas a los 86 resguardos indígenas , sin contar, los asentamientos de estos pueblos en más de 420 mil hectáreas de tierra. De esos territorios indígenas, más de 384.400 hectáreas estarían ubicadas dentro del área de frontera agropecuaria y serían, por ende, productivas y cultivables , y así el 21% de la población caucana tendría aproximadamente el 33% de las tierras productivas del Cauca. Sin embargo, aún no satisfechos, la Minga Indígena quiere con extorsiones conseguir que se le adjudiquen 41.000 hectáreas más por parte del Gobierno de Colombia.

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El apoyo de los políticos de izquierda a la manifestación indígena, como los senadores Gustavo Petro y Alexander López, y de miembros de las FARC, como Gustavo Bolívar en época de elecciones, deja mucho que desear y le da un tinte político a la Minga. Las infiltraciones de los grupos armados al margen de la ley que ahora, en “tiempos de paz”, llamamos disidencias de las FARC, ha sido constante. En los últimos 15 días los ataques de los grupos armados se han vuelto apocalípticos y han dejado muertos y heridos a varios ciudadanos de bien, uniformados y civiles, en diversos ataques aliados. La Minga lo niega, pero ese apoyo tiene lógica, pues los indígenas y sus tierras son el primer eslabón en la cadena del narcotráfico del Cauca.

Y no son solo los infiltrados quienes cometen delitos, pues con papas bomba, ácido, machetes y armados hasta los dientes, los mingueros pretenden hacer valer sus derechos, sin importar los derechos de los demás conciudadanos, como si un tratado internacional les brindara un escudo irrompible para interponer, a cualquier precio, su voluntad. Algunos ejemplos de las actuaciones ilegales y egocentristas de los mingueros que han dejado atónito al país, son el ataque indiscriminado con ácido contra un policía que le quemó el rostro y los brazos; o los enfrentamientos con papas bomba contra los afrodescendientes caucanos por dejar pasar civiles por la vía pública; o los tres menores de edad que por razones de salud debieron ser trasladados en helicóptero por las fuerzas armadas de Colombia, pues por la Minga vieron restringidos sus derechos a ser trasladados de forma terrestre, entre otros.

La realidad, es que los indígenas del Cauca no pagan salud, educación, ni impuesto predial por sus tierras, ellos reciben del Estado colombiano más de 120 mil millones de pesos anuales que, por deficiencia de nuestras normas, no se pueden controlar o verificar por ningún contralor o procurador público. Los indígenas caucanos exigen que el Presidente vaya personalmente a la Minga extorsiva y no les sirve que la ministra del Interior o el Defensor del Pueblo lo hagan. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) trata de imponer a Colombia sus leyes y sus acuerdos, y manifiesta que sus expectativas, representando a 240.000 individuos, son 4.6 billones de pesos de los 10 billones de pesos estipulados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para las comunidades indígenas del país.

Colombia no puede dejarse desangrar más

El Gobierno Nacional debe darle al Departamento del Cauca el trato digno que se merece, y no el de tierras baldías, sin Dios ni dueño, que le dio el Gobierno de Santos por ocho años. El presidente Iván Duque debe hacer cumplir la ley y recuperar la soberanía con las fuerzas armadas de Colombia; además, de recordar que los caucanos también somos ese 79% de la población restante y que los derechos de las comunidades indígenas, si bien son especialmente protegidos por la constitución, no son ilimitados. Los criminales indígenas deben judicializarse al igual que los que se hayan infiltrado en la Minga para cometer fechorías.

Sodoma y Gomorra deben terminar

El Gobierno con su autoridad debe darle fin a la Minga extorsiva, pues solo así podrá recuperar el control del territorio nacional y el de la población indígena caucana y no perder el respeto que debidamente se ha ganado frente a sus otros connacionales.

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