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La actualización del avalúo catastral de Popayán está mal hecha, arrojó un incremento injustificado

Por Redacción en noviembre 8, 2023

Comité Pro Popayán solicita que se suspenda la aplicación del avalúo catastral y responsabiliza al alcalde, al Concejo y al IGAC de haber creado el problema.

Por Aura Isabel Olano Correa

El Comité Ciudadano Pro Popayán, que se conformó a raíz de la actualización del avalúo catastral, por considerarlo mal realizado en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi nacional, ha venido dando una lucha para que se suspenda su aplicación.

Uno de los integrantes del Comité, es el abogado Andrés Felipe Urrego, a quien dicha actualización le comenzó a inquietar, primero a nivel académico. Cuando salió la primera liquidación del impuesto predial observó una violación de la ley que determina los rangos de aumentos y los valores económicos que la entidad territorial municipal podía cobrar. Ese aspecto lo acercó a un grupo de ciudadanos que tenía la misma preocupación. Ahí nació ese colectivo conformado en su mayoría por topógrafos, geógrafos, ingenieros, peritos avaluadores, contadores públicos, expertos tributaristas, líderes sociales, abogados y economistas, que se reunieron a estudiar a fondo el tema y analizar posibles soluciones, veían que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, no tenía la menor intención de remediar el problema creado con la actualización del avalúo catastral y que al IGAC nacional tampoco le interesaba encontrar una solución. El propio subdirector nacional del Agustín Codazzi les dijo, que la única preocupación del Instituto era entregar el contrato que, si la gente reclamaba, lo hiciera personalmente y predio a predio, paródicamente, esta fue la respuesta de un representante del Gobierno del cambio de Gustavo Petro.

Dada la importancia que tiene para los habitantes de Popayán el avalúo catastral, que tiene incidencia directa en el impuesto predial pues es la base sobre la cual se liquida, el periódico La Campana dialogó con el abogado Urrego, quien explicó con claridad lo que ha pasado con dicha actualización y las consecuencias que tiene para los contribuyentes y para el mismo municipio.

L.C. Hay quejas acerca de la actualización del avalúo catastral de Popayán, ¿de qué manera se hizo y por qué?

A.U. (Andrés Urrego) El municipio de Popayán no había sido avaluado catastralmente desde hacía aproximadamente doce años, el último alcalde que lo hizo fue Víctor Libardo Ramírez (2003-2007). No obstante, año por año se han venido efectuando incrementos al valor de los avalúos y también se han hecho una serie de conservaciones dinámicas, por lo que el valor catastral de los predios en la ciudad han creciendo de manera indeterminada y sin otra consideración que el IPC, la inflación y el aumento de los predios. Ahora bien, como la norma ordena que el avalúo catastral se debe hacer mínimo cada cinco años, el municipio estaba en mora, por lo tanto, esta obligado a hacerlo. En consecuencia, el alcalde Juan Carlos López Castrillón, firmó un contrato interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) nacional, no lo hizo con la territorial Cauca, por un valor aproximado a los $ 9.600 millones, que tenía que ser ejecutado en el término de 10 meses, plazo que no se cumplió por diferentes razones, entre ellas, la pandemia y el estallido social, así mismo el IGAC argumentó para la ampliación del plazo, aspectos de seguridad al momento de la recolección de las pruebas y los datos.

L.C. ¿Qué dice el contrato?

A.U. Que debía elaborarse el avalúo catastral con enfoque multipropósito, que no es otra cosa que un sistema de información que recoge componentes económicos, ambientales, geográficos, sociales y catastrales. Se suponía que el producto de esta actualización debería tener esos elementos, pero lo que vemos de primera mano y, de entrada, es que esta actualización catastral está basada solamente en un enfoque económico, con finalidad tributaria, pues no tiene en cuenta los demás enfoques, simplemente le pone un valor a cada predio y sobre eso elabora una tabla para la liquidación del impuesto predial.

L.C. ¿Cuál es la metodología?

A.U. La metodología que se puede utilizar tiene tres formas, una directa, la indirecta y otra colaborativa. En la directa se recoge la información predio por predio; en la indirecta se utilizan otros mecanismos como ortofotos, fotos de fachadas, entre otros elementos; la colaborativa consiste en visitar el predio y solicitarle al propietario la información del mismo. La única información, si es que en algún momento la recolectó el IGAC, era preguntarle al propietario en cuánto consideraba el valor de su casa y, sobre eso, hacer un análisis, pero en su gran mayoría, por la información que tenemos y las pruebas que hemos recolectado, esta actualización se hizo de manera indirecta con ortofotos, fotos de fachada y planos, carece de información como tal, predio a predio. En ese sentido arrojó un incremento injustificado en el municipio de Popayán, porque uno de los elementos para determinar el valor de esa actualización catastral fue la información del mercado inmobiliario, el cual es altamente especulativo.

L.C. ¿Qué consecuencia tiene haber basado la actualización en el mercado inmobiliario?

A.U. En Popayán hay inflación disparada acompañada de una burbuja inmobiliaria que tiene que ver con negocios ilícitos que se mueven en la ciudad y existen en el departamento, que han alterado el valor del mercado inmobiliario lo cual termina por afectar a todos, porque si alguien vende un inmueble su valor determina el precio de las construcciones alrededor de ese predio. Esa fue la información que recaudó el IGAC nacional, la cual no es confiable ni precisa. Hay que reconocer que en Colombia el 89% de los inmuebles son bienes de uso, no de intercambio. La gente tiene una propiedad para vivir en ella, sin intención de arrendarla ni venderla o negociarla, porque es casi que su único patrimonio y esto no se tuvo en cuenta. Así mismo, los avalúos catastrales están determinados por componentes como las zonas físicas que sirven para establecer unos puntos de investigación y la creación de las zonas geofísicas y económicas, lo cual para el municipio de Popayán no ha terminado de ser precisado y no se sabe a ciencia cierta si fue bien realizado.

**Reunión de contribuyentes en el polideportivo de La Esmeralda.**

L.C. ¿Qué quiere decir lo anterior?

A.U. Que Popayán presenta una particularidad. Al lado de un barrio bien desarrollado hay otro no tanto, más adelante otro pequeño, una cuadra puede tener vocación comercial y la de enfrente residencial, por consiguiente, se tienen que diferenciar los valores de cada uno de estos predios y el conjunto que los compone. Quienes hicieron la actualización catastral, que en su gran mayoría no es personal de Popayán, crearon unas zonas geofísicas y económicas homogéneas muy grandes, entonces, en principio se podía notar, por ejemplo, que un predio del barrio Aída Lucía podía costar lo mismo que uno de Palacé o en el Portal del Norte, toda vez que estaban en la misma zona creada, eso no se compadece con la realidad.

L.C. ¿Qué ha pasado concretamente?

A.U. Con esa actualización catastral, que quedó mal hecha, el municipio de Popayán utilizó la información parcial que le entregó el IGAC en el año 2022 sobre la cual liquidó el impuesto predial. Se puede observar que ese año, un poco más de 80 mil predios tenían un valor catastral diferente y superior al resto, se les había incrementado, y con la tabla de liquidación del predial que está amarrada al Estatuto Tributario, hicieron unas liquidaciones enormes que no se podían pagar.

L.C. ¿Cómo actuó el alcalde López Castrillón en ese caso?

A.U. El alcalde con la anuencia del Concejo Municipal hizo descuentos y trató de modificar algo para que el contribuyente pudiera pagar, y así no se afectara fiscalmente el municipio de Popayán y recibiera parte de ese recaudo. Al respecto, creería que en la Administración se está mintiendo, porque no ha recibido el recaudo que dice haber obtenido para llegar a la meta que proyectó, que no era sobre el 100%, porque lo bajaron como al 40% del recaudo del predial. Entonces se afirma que el municipio recibió el 99%; sí, pero del proyectado, no del total, no proyectaron recoger el 100%, sino el 40%, por eso alcanzaron las metas que no han sido muy claras y precisas. Sobre el particular, ¿qué hicimos en el Comité Ciudadano Pro Popayán? Iniciamos una serie de batallas.

L.C. ¿Que la administración haya mentido sobre esos ingresos afecta fiscalmente al Municipio?

A.U. Aquí hay un problema y un perjuicio de doble vía; en el caso de los contribuyentes, porque que se verán abocados en un momento cuando se acaben los descuentos y no se puedan hacer las rebajas que por ley se permiten, se enfrentarán a la imposibilidad de pagar el impuesto.

L.C. ¿Quiere decir que fue una pantomima para calmar los ánimos y luego algunas personas tendrían que vender su propiedad para pagar el impuesto?

A.U. En algunos casos se verían enfrentados a ese dilema, porque el avalúo catastral, que es el que fija el impuesto predial, se utiliza como base gravable. ¿Qué pasa con eso? Que, si se tiene una base gravable o un avalúo muy alto, por más descuentos que obtenga, y que en algún momento no se podrían hacer, se aplicaría la tarifa plena y el contribuyente tendría que decidir si paga o no; si no paga, se convertiría en deudor moroso del municipio de Popayán; si se acumulan los periodos establecidos por la ley, el municipio puede iniciar un cobro persuasivo que derivaría en cobro coactivo y terminaría en el remate del inmueble, ese es el peligro más grande que se tiene.

L.C. ¿Qué otros perjuicios para los propietarios se pueden presentar?

A.U. Tiene otros componentes que son perjudiciales para los usuarios, por ejemplo, si mi casa costaba $ 40 millones o $50 millones o hasta $100 millones, tenía unos beneficios amarrados a la estratificación, a subsidios, porque podía argumentar que el inmueble no valía tanto, entonces accedería al Sisben, a subsidios en las tarifas de los servicios públicos, etc. Cuando se pasa de tener una casa de $ 40, $50 u $ 80 millones, a que la avalúen en $ 200 o $300 millones, inmediatamente todos esos subsidios y beneficios desaparecen, les suben el estrato, todo cambia, ya entra a concursar para declarar renta, eso no lo sabe la ciudadanía. Si el predio, por ejemplo, ha pasado de $180 millones, el propietario está llamado a declarar renta, no significa que pague el impuesto, pero sí tendría que presentar declaración de renta.

L.C. ¿Qué pasaría con la DIAN?

A.U. Si la DIAN empieza a triangular las bases de datos, seguramente requerirá a las personas para que paguen; en algunos casos se les presentarían problemas y dinámicas muy complejas a los estratos sociales menos favorecidos de la ciudad. Creemos que la gente que tendría inconvenientes por cambios de áreas, avalúos injustificados o por otras razones, son aproximadamente 100 mil contribuyentes en el Municipio de Popayán; respecto de los otros 50 mil propietarios pueden estar tranquilos y no porque también haya errores en eso, porque a muchos les bajó el avalúo catastral y eso no se puede justificar, pues hay unas zonas que deberían haber crecido igualmente, pero al contrario, se deprimió el avalúo y nadie tiene la justificación al respecto, ha sido muy difícil. El municipio ha ocultado información, nos ha entregado unas pruebas a través de una acción popular que presentamos, pero consideramos que son incompletas, en algún aspecto falta a la verdad y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha hecho lo mismo, han negado la información.

**Personas afectadas por la actualización del avalúo catastral, en reunión en el salón comunal del barrio El Cadillal.**

L.C. ¿Cuál es el interés de la Alcaldía?

A.U. Sacar adelante el avalúo, el alcalde es consciente del problema, pero no ha pensado resolverlo y le va a dejar esa situación a la próxima administración. Yo creería, incluso, que en eso miente, porque consideramos que hay 7.000 u 8.000 predios que no aparecen en el informe de actualización catastral. Es decir, 8.000 predios que pueden estar perdidos de la base de datos, lo que es muy grave, todo está mal hecho, hemos agotado todas las etapas posibles. En los debates que hemos adelantado y en el cabildo abierto, el municipio de Popayán, a través del jefe de la oficina Jurídica, dijo que había un proceso de control de calidad para revisar esos problemas, que era gratuito, que la gente podía acceder a la reclamación y que el IGAC asumía el costo. Pero, cuando la gente le reclama al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, le pide levantamientos topográficos, avalúos comerciales y eso no deja de ser costoso, porque un levantamiento topográfico puede valer mínimo $1.000.000, y el que no lleva las pruebas, no le da trámite o queda en firme el avalúo, por eso muchos contribuyentes prefieran dejar el problema así, y no es justo, pues se debe a la mala actualización del avalúo que hizo el IGAC nacional, el cual está llamado a responder.

L.C. ¿Qué le ha respondido el IGAC nacional al Comité Ciudadano Pro Popayán?

A.U. En audiencia de pruebas de la acción popular se presentó la gerente del proyecto de actualización por parte del IGAC en Bogotá, Paola Martínez, quien respondió las preguntas que se le formularon, el magistrado desplegó el cuestionario y ella lo fue respondiendo; fui muy incisivo en preguntar, esperando claridad, si el contrato ya se había terminado y si el IGAC había entregado todos los productos estipulados en el contrato, cuál era el proceso de reclamación y los elementos que tenía que aportar el reclamante para que se le revisara y corrigiera la actualización catastral. Esto, porque el alcalde de Popayán tiene a través de la supervisora del contrato, que es la secretaria de Planeación, una solicitud de declaratoria de incumplimiento de ese contrato, pues en criterio de la funcionaria municipal, no se habían entregado 13 o 14 productos. Una vez hechas esas preguntas, la gerente del proyecto, Paola Martínez, dijo puntualmente: “El IGAC ha entregado todos los productos, no tenemos mora y no debemos ningún documento de lo que se comprometió en el contrato, el Municipio ya los recibió y estamos en proceso de liquidarlo”.

L.C. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde López Castrillón al respecto?

A.U. El alcalde Juan Carlos López afirmó, que él no iba a terminar el contrato, que no cerraría el proceso para que quedara abierto y se pudieran ejercer todas las acciones judiciales, en el entendido, de que, si no se liquidaba con un acta de recibo a satisfacción, se podían impetrar acciones de carácter judicial, que tenía que resolverlo y revisar, que el IGAC debía responder.

L.C. ¿Quién está mintiendo?

A.U. Esa es la pregunta. Si uno sale a decir una cosa hoy, y mañana se afirma que eso no es cierto, alguien está actuando de manera dolosa, está mintiendo. A la gente no se le puede poner la carga de la prueba: estoy tranquilo en mi casa, no he hecho nada, me causan un perjuicio y tengo que gastar plata para resolverlo, no, quien me lo causó está obligado a resolver el problema. Yo tenía claridad, de acuerdo con lo dicho por el asesor jurídico del municipio, Juan Felipe Arbeláez, que a la gente no se le pedirían pruebas para que le revisaran, corrigieran y resolvieran el avalúo catastral, pero Paola Martínez dijo, que quien no estuviera de acuerdo, tenía que aportar las pruebas, eso me parece un desastre porque vamos a volver esto una bomba de tiempo; actualmente hay numerosas reclamaciones y muchas personas con urgencia de resolver el lío, al no poder comprar o vender, lo que se puede prestar para un proceso de corrupción, es muy preocupante, creo que a esto hay que ponerle límite y una solución definitiva.

L.C. Si quería hacer la actualización catastral, que es necesaria, ¿lo pudo haber hecho el municipio como en otras ciudades?

A.U. No, el municipio no lo puede hacer, porque no es gestor catastral, pero puede crear una agencia o una oficina para la gestión catastral y resolveríamos muchos problemas, esa es una tarea que el municipio de Popayán tiene pendiente, pienso que el contrato tenía que hacerlo con la territorial en Popayán, porque es el enclave que está aquí y en principio debió utilizar una metodología directa, que es visitar predio por predio, contratar gente de Popayán o que conociera muy bien la ciudad, aquí hay personas expertas que saben de la materia, hacerlo directamente con Bogotá fue un despropósito.

L.C. ¿El Municipio de Popayán pagó todo el valor del contrato?

A.U. Creo que hay un saldo por pagar, en principio decía el municipio que no pagaría, pero si van a hacer acta de cierre y acta de recibo final a satisfacción, muy seguramente desembolsarán la plata, entonces fueron $ 9.600 millones para causarle un perjuicio y un desastre a Popayán.

L.C. ¿Habría un detrimento patrimonial?

A.U. El detrimento patrimonial es discutible, porque hay una cantidad de justificaciones, el IGAC va a hilar por lo más delgado, y se los digo así: Cuando ponen en la base gravable una cantidad de predios, dicen que el municipio se va a beneficiar, porque ya no recibiría, por ejemplo, $ 40 mil millones de predial, sino $ 80 mil millones, entonces, que no habría perjuicio porque pagamos 10 mil, pero vamos a recibir 20 mil. Eso no está pasando y no va a pasar muy pronto, a mediano plazo nada, porque hay mucha gente que no está pagando el impuesto predial y no lo piensa hacer; además porque este es un asunto de justicia social. Nosotros (el Comité Ciudadano Por Popayán) estamos de acuerdo en que se haga la actualización catastral y ojalá cada cinco años, como dice la norma. Estamos de acuerdo en que hay que pagar el impuesto predial, hay gente que no paga lo justo y debería contribuir más, pero no se les puede cobrar a personas que están atravesando por una situación calamitosa en términos económicos y cargarles un impuesto predial que no es justo.

L.C. Además hay cobros exorbitantes de más de $2 mil millones, $14 mil millones.

A.U. Sí, es que pasa de todo. De acuerdo con la información que conozco, un predio que costaba $700 millones, que es de una asociación de más de 200 personas que lo compraron legalmente y lo están ocupando, lo desarrollaron y no han podido entregar al municipio las obras comunes, las vías, pues pasó de un avalúo de $700 millones a uno de $14 mil millones y presenta una deuda de predial de $ 800 millones en estrato 1, 2 y 3 y recoger $ 800 millones entre 200 familias, les queda muy difícil. El doble perjuicio es para la comunidad que está en mora y para el municipio que deja de percibir un predial razonable que le serviría mucho a la ciudad, toda vez que el predial es uno de los pocos recursos de carácter propio y tiene libre destinación. Ahí hay un perjuicio, tanto para el contribuyente como para el municipio.

L.C. ¿Qué va a pasar con este problema que mucha gente lo está advirtiendo?

A.U. Esto no solo afecta a los estratos bajos, estamos afectados todos. También me preocupa la empresa privada, por cuanto Popayán presenta un deterioro en este aspecto, se han cerrado algunas y el sector comercial está muy afectado, porque en la ciudad es muy difícil establecer una compañía por los constantes bloqueos a la vía Panamericana; tampoco midieron cómo han impactado al municipio de Popayán esas protestas sociales. Propietarios de una empresa comentaron que buscaban hacer un crédito bancario y les pidieron el avalúo, que estaba en

$ 6.000 millones, la entidad crediticia dijo que el predio costaba $ 12.000 millones, y para el IGAC catastralmente cuesta $ 28.000 millones, qué tal el despropósito, porque se supone que el valor del catastro es el 60% del valor comercial y el valor comercial lo tasaron en $12 mil millones, que es el 100%, ¿pero para el IGAC el 60% son $28.000 millones?

**Ciudadanos exigen suspender la aplicación del avalúo catastral en Popayán.**

L.C. ¿Cómo afecta a los propietarios?

A.U. Los afecta tributaria y fiscalmente, los pone en una gran encrucijada, tanto que piensan si es viable el desarrollo de su proceso económico y comercial, esto lo venimos advirtiendo. También nos preocupan los predios informales que no se han terminado de legalizar, porque vienen con doble tributación, les cobran por el lote y como es un espacio ocupado, sin desglosar o que no tiene un proceso de legalización como barrio, se entiende como de engorde, le ponen unas tarifas absurdas; lo que ha buscado el municipio para medianamente aliviar el problema, es tratar de aplanar la curva de la tarifa del predial, por lo que empezó a bajarla, antes teníamos en 26% la más alta, ahora está en el 22%, pero eso no resuelve nada porque el avalúo todavía es muy alto, por más que aplane la curva de la tarifa, no soluciona el problema central.

L.C. ¿Qué se puede hacer a nivel jurídico contra el IGAC que no respondió por un estudio que hizo mal?

A.U. Hemos venido insistiendo en que lo mejor que le puede pasar al municipio de Popayán, es que se suspenda la aplicación del avalúo catastral de estos dos años, que se deje el del 2021 mientras se revisa y se corrige todo. El IGAC y el presidente de la República lo pueden hacer, porque el mandatario ha insistido a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en que parte de su reforma tributaria regional será por cuenta del avalúo multipropósito que viene desde el gobierno Duque. Pero, el que tiene afán de implementarlo es el actual Gobierno nacional, y así como se hizo, es muy peligroso, porque Popayán tuvo un incremento del avalúo catastral de casi un 280% de acuerdo con la información que entregó Carreño, subdirector del IGAC nacional. Popayán tendrá un aumento del avalúo del 278%, por aproximadamente $10 billones, ahora cuesta $ 38 billones.

L.C. ¿Qué pasa con eso?

A.U. Que en plata limpia, esa es una reforma tributaria en 1.102 municipios del país, que nadie se ha imaginado todavía, porque se pasaría de recoger en Popayán sobre $10 billones, a recaudar sobre $ 38 billones; esa plata sería una carga más que nadie está contabilizando y que no está pasando por aprobación del Congreso de la República ni por el filtro de constitucionalidad, nos van a clavar una reforma tributaria territorial sin precedentes ni proporciones y de manera irresponsable, porque si el IGAC piensa hacer esto en todos los municipios del departamento del Cauca y del resto del país, sería un desatino. Al sector rural mañana pueden ir a rematar fincas, por no pagar el impuesto predial, lo que en términos claros y concisos sería un proceso de expropiación directa exprés.

El IGAC utiliza ortofotos o fotos de grandes alturas, separa áreas y se ve como si estuviera acrecentada el área; si su casa tenía 90 metros y con un pedazo de techito que se anexe, le aparecen 100 metros. En la gran mayoría de casos ha aumentado, tenemos claro que han modificado los regímenes de propiedad horizontal, pues los predios privados aumentaron de manera injustificada, por cuenta de que se le agregaron las áreas comunes. El IGAC no puede hacer eso y la gente tiene que reclamar para que corrijan, porque seguramente, en los próximos años cuando necesiten hacer un negocio, se verán enfrentados a un litigio por cuenta de las especificidades del inmueble, las áreas no coincidirán y corregir eso les generará un desgaste.

L.C. En Popayán hay plata ilegal, gente que ha comprado inmuebles para blanquear dinero, ¿esto cómo afecta el mercado inmobiliario?

A.U. Hay varias situaciones, los predios han sufrido un gran incremento en su precio, precisamente, porque hay gente con facilidades de comprar un inmueble al precio que le pidan; el valor de esa propiedad terminará por determinar el valor de toda el área, pero además, si se construye una casa muy grande, con piscina, hace que suba más el valor del sector y perjudica a los demás propietarios de viviendas que en su mayoría son modestas. Los técnicos y los expertos han insistido en que lo que hay que hacer es crear zonas geofísicas y económicas más pequeñas para determinar todos esos lunares, porque no se le puede cobrar a un sector lo de la vivienda más cara, pues esa no puede determinar el valor de toda el área.

L.C. ¿En este problema cuánto le cabe de responsabilidad al alcalde de Popayán?

A.U. Toda, porque el alcalde tenía la posibilidad desde el principio de no aceptar esa actualización catastral mal hecha, era su obligación pedir que se revisara, que se corrigiera, no se entregó a tiempo, el contrato lo suspendieron un 28 de diciembre y el 29 el IGAC emitió una resolución actualizando 80 mil predios, no entregaron la base de datos, sino en marzo. La aplicaron a partir del 1° de enero de 2022 y en el año 2023 pasó exactamente lo mismo, producen una resolución a final de año, no obstante, la base de datos para liquidar ese impuesto la entregan en febrero o marzo, eso no puede ser, puesto que para liquidar el impuesto predial que se causa el 1° de enero de cada año, hay que tener la base con antelación, debe ser conocida, discutida y revisada. Si estaba mal, devolverla, era muy sencillo decir, mientras sale, sigamos aplicando la base del 2021.

L.C. ¿Cómo ha actuado el Concejo de Popayán en este complejo caso?

A.U. El Concejo ha sido partidario de echarle tierra a esto, hemos dado un debate muy grande, asistido a muchas sesiones, infortunadamente han satanizado el proceso y el trabajo del Comité Ciudadano Por Popayán, nos han declarado sus enemigos, porque salimos a denunciar y a exigirle al Concejo Municipal que actúe en ejercicio de sus funciones de control político y no lo ha hecho, ha favorecido al alcalde, le ha tratado de tapar todo este tipo de cosas mal hechas y en perjuicio de la ciudadanía.

L.C. Y eso pasa por negligencia, por falta de conocimiento o ¿por qué otras razones?

A.U. Esa es la suma de todo, pero creo que actúan con conocimiento, saben lo que están haciendo y conocen el perjuicio que le están causando a la ciudad y a sus habitantes.

L.C. ¿Qué acciones les pueden caber al alcalde y a los concejales?

A.U. Les caben todas; yo creería que hay varios niveles y responsables, están la Administración municipal, el IGAC con lo que tenía que hacer que no hizo bien y los concejales de Popayán que están llamados a una acción social, no se les puede permitir que pasen impunes frente a este y otros aspectos. Seguramente tendremos la oportunidad de discutir lo del alumbrado público, lo que ha pasado con el estadio Ciro López y tantas cosas que uno ve en la ciudad que están mal hechas, pero, ahora mismo hay que revisar el contrato interadministrativo para la actualización del avalúo catastral y la liquidación del predial, porque está mal elaborado, deberá ser revisado, reajustado, corregido y entregarle a la ciudad una actualización conforme a lo que el mismo IGAC ha determinado que metodológicamente se tiene que hacer.

**Plantón de usuarios en protesta por actualización del avalúo catastral, parque Caldas.**

L.C. ¿Ante quién se puede quejar la gente?

A.U. Pasan cosas muy particulares, según nos hemos enterado, el mismo alcalde (Juan Carlos López Castrillón), cuando alguien le dice que tiene problema con el predial, lo manda al Comité Ciudadano Por Popayán.

L.C. Y el Comité Ciudadano Por Popayán, ¿a qué instancia judicial o de control ha acudido para poner en conocimiento lo sucedido con el predial?

A.U. Nos hemos quejado ante la Contraloría, la Procuraduría, instauramos una acción popular, hicimos un cabildo abierto, asistimos a las sesiones del Concejo, incluso ante la Superintendencia de Notariado y Registro elevamos una queja para que se revise esta situación. Actualmente estamos en trámites, porque creemos que este problema no va a ser solo para Popayán.

L.C. ¿Por qué tenían que buscar al IGAC nacional, pudiéndolo hacer la regional Cauca?

A.U. El municipio le podía haber dejado la plata al IGAC territorial Cauca, para que este contratara gente de aquí. Uno no entiende esa lógica. El alcalde López Castrillón tenía dos alternativas: crear esa unidad o contratar al IGAC Cauca y no hizo ninguna de las dos. Estamos en mora de fortalecer al municipio para que tenga más recursos. Un grupo de economistas que nos ha acompañado en esto, decía que aumentando un 25 % el valor catastral, se habría recogido más plata que la recaudada hasta hoy.

L.C. O sea, que pierden el municipio y la ciudadanía, se crea una bomba social y la ciudad estaría ad portas de que vuelvan a parar el ingreso de Urbaser a los Picachos. ¿Puede ser?

A.U. Claro, porque en mí criterio el acuerdo que firmaron con los habitantes del suroccidente de la ciudad es vinculante y obligatorio para todos los habitantes de Popayán, por lo que cualquier persona que quiera reclamar con los mismos criterios, con los que se firmó dicho acuerdo, está en todo su derecho. Los ciudadanos pueden invocar que dicho acuerdo les es aplicable, que deben dar las mismas prerrogativas por el derecho a la igualdad. Sin embargo, nos avoca una serie de problemas; primero, pone en condición de morosidad a muchos habitantes; segundo, fiscal y financieramente el municipio se verá afectado y, tercero, crea una bomba de tiempo de carácter jurídico, porque mucha gente puede en cualquier momento ejercer acciones de carácter judicial para reclamar, o que se le corrija o que el municipio entre a responder por los perjuicios que se le puedan causar con esta actualización catastral, esto sería desastroso.

L.C. ¿No pagar ese impuesto ocasionaría demandas penales?

A.U. Claro. Le pongo este caso que conozco. Un predio que antes costaba $ 80 millones, terminó avaluado en $ 2.900 millones. Para la DIAN, el dueño es muy atractivo, porque es una persona con un patrimonio de $ 2.900 millones, pero en la realidad es un campesino de una vereda del suroccidente de Popayán y lo involucran en un problema muy grave, pues este señor que difícilmente subsiste, no tiene para pagar el impuesto predial, ahora menos para pagar y declarar renta. Pude constatar que es gente que vive en condiciones precarias y que hoy aparezca con un patrimonio de $ 2.900 millones, para la DIAN es un potentado.

L.C. El alcalde López Castrillón, ¿debió favorecer a los ciudadanos con un avalúo catastral justo?

A.U. El alcalde de Popayán se ha candidatizado como el peor en los últimos 50 años, no creo que hayamos tenido un alcalde, no sé si obtuso, o tan incompetente como Juan Carlos López Castrillón, que le deja un gran perjuicio a Popayán en varios aspectos, entre otros, el avalúo catastral y el impuesto predial. Es un problema que no vamos a superar, creo que en cinco o diez años continuaremos hablando de esto, muy seguramente vamos a esperar que alguien venga y procure corregir esta preocupante situación, yo apostaría a que esto lo echáramos para atrás y volviéramos a hacer un ejercicio saludable.

L.C. Al parecer, la secretaria de Planeación Municipal no ha querido firmar porque no se han entregado todos los productos del contrato. ¿Hay una contradicción entre el alcalde y ella?

A.U. No conozco personalmente a la secretaria de Planeación, pero creo que la posición que tiene es la apropiada y la que se debe tener. El ejercicio de supervisión que ha ejercido, está ajustado al proceso contractual, que además tiene implicaciones disciplinarias, fiscales y penales. Ella no puede salir a justificar lo injustificable, el papel que está cumpliendo en ese oficio de solicitud de declaratoria de incumplimiento, me parece que es el acertado, porque la secretaria considera que no se han entregado los productos de la forma como se contrató, lo mínimo es alertar y advertir que hay un incumplimiento por parte del contratista, que en este caso es el IGAC nacional.

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