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Corte Constitucional le dio la razón a la Procuraduría, que le ganó el pulso al presidente Petro

Por en agosto 11, 2023

«Ha ganado la institucionalidad y se está protegiendo el Estado social de derecho», dijo procuradora ante sentencia de la Corte.

La polémica generada por la decisión del presidente Gustavo Petro de no acatar el fallo disciplinario emitido por la Procuraduría que suspendió al alcalde de Riohacha, La Guajira, José Bermúdez Cotes, la zanjó la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-030, por medio de la cual ratificó las facultades del Ministerio Público de investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular. 

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello Blanco, en el foro «Avances del Proceso Electoral» en la ciudad de Santa Marta, se pronunció acerca de dicho fallo y fue enfática en afirmar que, ante esa sentencia, «ha ganado la institucionalidad y se está protegiendo el Estado social de derecho«. 

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«La sentencia C-030 y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca han expresado o han obligado al Estado colombiano para que no pueda suspender de manera provisional, que es diferente a una sanción, cuando se den los elementos correspondientes para ello«.

Lo anterior, en clara referencia a que el presidente Petro se negó a firmar la orden del ente de control, al señalar que la Procuraduría no puede determinar estas suspensiones, según él, porque así quedó claro en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2020 (que fue a su favor), la cual estableció que las autoridades administrativas no pueden destituir a funcionarios electos por voto popular.

Al respecto, la jefe del ente de control, destacó que la sentencia C-030 ratifica la norma constitucional en la que se le otorgan competencias a la Procuraduría General de la Nación a disponer de sanciones definitivas, investigar, juzgar y sancionar, siempre y cuando tengan la intervención de un funcionario judicial, que en este caso específico es el juez de lo contencioso administrativo. 

Concluyó la señora Cabello Blanco, que la Procuraduría General de la Nación «seguirá sancionando a funcionarios públicos, incluso los de elección popular, cuando haya lugar, siempre con todas las garantías procesales«.

En el fallo, la Corte Constitucional fue enfática al subrayar que la jurisprudencia de la Corte IDH no puede estar por encima de la Constitución colombiana. 

El jefe de Estado perdió ese pulso, pero, aún conocida la sentencia de la Corte, afirmó en su Twitter, en que el alto tribunal le había dado la razón.

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