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CGR remitió a Corte Constitucional informe sobre grave situación de 29 cárceles

Por Redacción en enero 12, 2017

Entre los establecimientos penitenciarios visitados por la Contraloría, está EPAMSCAS Popayán, cuyas instalaciones muestran gran deterioro.

Pie de foto: Establecimiento Penitenciario EPAMSCAS Popayán.

En las visitas efectuadas a 29 cárceles colombianas, la Contraloría General de la República encontró situaciones similares, como el deterioro prematuro de la infraestructura, debido a la sobrepoblación, que además acarrea insuficiencia de baterías sanitarias, acelerado el desgaste, permanente taponamiento y rebosamiento del alcantarillado en los patios, generando graves afectaciones a la salud.

Los insumos para tratamientos ambulatorios deben ser suministrados por los internos o sus familias. Es muy limitada la disponibilidad de guardianes, lo que impide cumplir remisiones médicas con red externa de especialistas.

Igualmente, dice la CGR, que se incumple la fórmula de equilibrio decreciente, pues continúan siendo mayores los ingresos de reclusos que las salidas de los mismos. No obstante en este aspecto, solo en el Complejo Carcelario de Cúcuta y EPAMSCAS Popayán, hubo un descenso en el número de internos recluidos. En los demás establecimientos visitados se encontró aumento en los ingresos, que llevan a sobrepoblación entre el 7% al 260%, esto último en E.P.M.S.C. Bellavista – Medellín. Adicionalmente, hay hacinamiento del 200% en algunos patios de Bucaramanga.

Las visitas del ente de control en 12 departamentos del país, permitieron determinar que se han agravado situaciones atentatorias de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como el hacinamiento, la no separación de sindicados y condenados, la deficiente prestación de servicios de salud, alimentación, etc.

Entre los establecimientos carcelarios visitados se encuentran los E.P.M.S.C. Bellavista y COPED – El Pedregal en Medellín; EPAMSCAS Popayán; E.P.C La Paz – Itagüí; COMEB – La Picota – Bogotá, E.P.M.S.C y EC Justicia y Paz Barranquilla; EPMSC Cartagena; EPEMS-TUNJA; E.P.M.S.C. Manizales – RM Manizales; E.P.A.M.S – PC-ERE La Dorada; EPMSC Montería; EPMSC-RM Villavicencio; EMSC-RM de Pasto, Complejo Carcelario Metropolitano de Cúcuta y EPMSC Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Bucaramanga.

Los resultados obtenidos en dichas visitas fueron consolidados en un informe que se remitió a la Corte Constitucional, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, del que se enviaron copias al ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, en su calidad de presidente del Consejo de Política Criminal y principal responsable del Gobierno Nacional en la atención de las órdenes judiciales impartidas por la Corte.

Estas inspecciones de la CGR continuarán en el primer semestre del año 2017, a fin de incrementar la cobertura territorial del control fiscal en materia carcelaria.

No se da separación de sindicados y condenados

Siendo derechos de las personas privadas de la libertad, que las detenidas preventivamente a la espera de una decisión judicial definitiva, sean separadas de aquellas sobre quienes existen fallos condenatorios, se encontró que solo en el 10% de los establecimientos visitados, la infraestructura permite hacer este tipo de separación, con las consecuencias que en materia de demandas puede acarrear tal situación.

Caso especial se encontró en los establecimientos del departamento de Antioquia, donde la separación de los internos se fundamenta en su pertenencia o no a determinado grupo delincuencial, sin importar su situación jurídica.

Adicionalmente se constató, que en los establecimientos visitados que albergan población sindicada, no existe participación de los entes territoriales en la atención de este tipo de retenidos, lo que hace que en muchos de los casos esta población supere en número a los condenados, que son los que en la práctica la competencia les corresponde a los entes nacionales.

Limitada resocialización y/o redención de la pena

Aunque en general las nuevas construcciones carcelarias contemplan espacios para la realización de actividades industriales, nuevamente el exceso de población supera la capacidad instalada y planeada para cada establecimiento, lo que limita la posibilidad de incrementar plazas de trabajo que permitan promover programas efectivos de resocialización.

Precarios servicios de atención en salud

A pesar de la cobertura en atención en salud que presta el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, se evidenciaron deficiencias en la provisión de medicamentos para dispensación, insuficiencia de personal médico proporcional a la población destinataria y ausencia de equipos e insumos para atención de urgencias vitales en área de sanidad.

También se determinó que hay represamiento y aplazamiento en procedimientos y remisiones para atención en red externa, así como subutilización de los equipos de fisioterapia de propiedad de los establecimientos carcelarios.

En cuanto al Laboratorio Clínico contratado, que es el mismo para todos los establecimientos, este no cuenta con sedes en las ciudades donde atiende población interna, lo que lleva a que la recolección de muestras se efectúe con periodicidades de entre 8 y 15 días, limitando la oportunidad en la obtención de los resultados, requisito para diagnósticos acertados.

El hacinamiento en las cárceles colombianas deteriora la infraestructura de esos establecimientos.

Por la misma razón, los exámenes que se requieren de urgencia, deben ser atendidos por la red externa, con las implicaciones logísticas que implica las remisiones médicas.

Así mismo, se constató que la atención de segundo, tercero y cuarto nivel, se tiene contratada con IPS de la región, las cuales en la mayoría de eventos solo cuentan con centros de atención en las ciudades capitales, limitando la posibilidad de acceso a población interna localizada en ciudades intermedias, habida cuenta de las restricciones de personal para remisiones médicas.

Problemas en servicios de alimentación

La Contraloría pudo establecer que solo los establecimientos de menos de 10 años de construcción cuentan con áreas de comedor, en los restantes casos deben consumir alimentos sentados en el piso.

En la estructura 1 del Complejo Metropolitano La Picota, en Bogotá, persistía hasta octubre de 2016 la orden de cierre del área de cocina, impartida por la Secretaría de Salud del Distrito, con las implicaciones que ello acarrea en materia de logística, calidad y oportunidad en el suministro de alimentos a tan numerosa población.

No hay áreas acondicionadas para visitas conyugales

Solo el 20% de establecimientos visitados cuenta con áreas acondicionadas para atender las visitas conyugales, reconocidas como derecho en favor de la población detenida.

Los restantes establecimientos de reclusión no disponen de áreas de destinación exclusiva para la atención de visitas conyugales, por lo que vienen siendo realizadas en las celdas comunes, muchas de ellas colectivas, en desmedro de mínimas condiciones de higiene e intimidad, coincidiendo con las fechas de visitas generales, con lo que se continúa vulnerando derechos mínimos reconocidos a las personas privadas de la libertad.

Deterioros en la infraestructura y riesgos de colapso

Se revisaron diferentes aspectos de la infraestructura de los establecimientos visitados, encontrándose que por el volumen de usuarios que deben atender, las baterías sanitarias son insuficientes y padecen de acelerado desgaste, y el alcantarillado sufre de constante taponamiento y rebosamiento.

De igual manera, el sobrecupo genera acelerado desgaste de áreas de circulación e incluso de las celdas, por las adecuaciones artesanales que los internos realizan para mejorar la habitabilidad, y por la misma razón en algunos establecimientos la sobrecarga de las redes eléctricas genera riesgos de incendio y electrocución.

En otros casos, la falta de mantenimiento oportuno lleva a deterioro prematuro de muros y cimentación por fugas de agua, y a que obras contratadas e iniciadas queden inconclusas, con las consecuencias de inhabitabilidad que eso genera.

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