Las víctimas incidirán en la política de atención y reparación para ellas

Por en agosto 26, 2013

El pasado lunes 15 de julio se instaló en Popayán la Mesa Departamental de Víctimas, las cuales tuvieron importante representación.

Igualmente concurrieron funcionarios del gobierno departamental, Defensor del Pueblo, personeros, secretarios de gobierno, campesinos, delegados de comunidades afrodescendientes e indígenas.

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El evento contó con el acompañamiento de la Subdirección de Participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, a cargo del abogado payanés Gabriel Bustamante Peña.

Ese despacho es el encargado de capacitar y promover la participación de las víctimas en todo el país para que incidan en las políticas públicas de atención y reparación, tanto a nivel local como nacional.

Presidieron la instalación de la Mesa Departamental de Víctimas la secretaria de Gobierno y Participación comunitaria del Cauca.

Presidieron la instalación de la Mesa Departamental de Víctimas la secretaria de Gobierno y Participación comunitaria del Cauca.

Precisamente, para llevar cabo esa iniciativa, la Unidad de Víctimas expidió el pasado 10 de mayo una resolución por medio de la cual se adoptó el protocolo de participación efectiva de las víctimas, que es el único en su género en el mundo, y abre la posibilidad de que víctimas de un conflicto armado incidan en las medidas de atención y reparación por medio de la creación de mesas municipales, distritales, departamentales y nacional de víctimas. En el Cauca, uno de los departamentos con mayor número de víctimas, éstas pasan de 200.000 y casi la mitad se ha desplazado hacia Popayán.

Sobre esta nueva política del gobierno nacional para resarcir a las víctimas del conflicto armado que vive Colombia, y darles su lugar, La Campana dialogó con el Subdirector de Participación de la Unidad, Gabriel Bustamante Peña.

El Subdirector de Participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Gabriel Bustamante Peña, explica la política con la que se busca resarcir a las personas martirizadas por la violencia.

El Subdirector de Participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Gabriel Bustamante Peña, explica la política con la que se busca resarcir a las personas martirizadas por la violencia.

L.C. ¿Creen las víctimas del conflicto en el proceso de paz?
G.B.P. No solo creen en el proceso, sino que tienen sus esperanzas puestas en la paz, por tantos años de sufrimiento y dolor. De los recorridos a los que hemos asistido en zonas como Apartadó, Montes de María e incluso en el Cauca, lo que queda claro es que las víctimas entienden que los diálogos de paz de la Habana, entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, son una oportunidad histórica de poner fin a un conflicto armado que durante más de 50 años ha desangrado al país, convirtiéndose en el principal obstáculo para el desarrollo económico y la superación de la pobreza.

Además, dichos diálogos, de concretarse, desatarán un proceso de paz sin precedentes, donde deberán empezar a construirse, más allá del desarme de la negociación, las condiciones de una paz verdadera y duradera, en cuyo primer lugar deben estar las víctimas y sus derechos, fundamento sin el cual el proceso no será ni completo, ni legítimo.

L.C. ¿Qué se puede esperar del proceso de paz?
G.B.P. La negociación política del conflicto deberá dar como resultado una sociedad en paz construida por todos. La paz concretada como un bien colectivo que debe ser cuidado, acompañado y respaldado por gran parte de la sociedad colombiana.

De ahí la importancia de involucrar en este proceso, en primer lugar, a las víctimas y sus organizaciones, y a partir de ahí a grandes sectores ciudadanos, organizaciones sociales, medios de comunicación, estudiantes, sindicatos, ONG, alcaldías y gobernaciones, partidos políticos y comunidad internacional, para generar una gran movilización social por las víctimas y por la paz, que le dé sustento, discurso y contenido ciudadano, tanto al proceso como a la construcción de la paz en el posconflicto.

L.C. ¿En qué consiste la campaña de ponerse la camiseta por las víctimas y por la paz?
G.B.P. La camiseta es el símbolo de una gran campaña nacional, que pretende crear consciencia sobre la grave problemática que viven más de cinco millones de colombianos, víctimas del conflicto y que solo puede tener una solución verdadera y sostenible si ponemos fin a la confrontación armada en Colombia.

Por esto la invitación es a ponerse la camiseta por las víctimas y por la paz, como símbolo de compromiso de alcaldes y gobernadores, empresarios, estudiantes universitarios, amas de casa, porque la atención y reparación integral a las víctimas y la construcción de paz deben ser una apuesta de toda la sociedad colombiana.

L.C. ¿Quiénes son las víctimas?
G.B.P. Víctima es todo aquel que ha sufrido un daño en el marco del conflicto armado interno de forma individual o colectiva. Ahora, para efectos de medidas de atención y reparación se reconoce a las víctimas por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 y para efectos de procesos de restitución de tierras, a partir del 1 de enero de 1991.

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Las víctimas de hechos anteriores a estas fechas tienen derecho a la verdad histórica, a la no repetición de los hechos de violencia y a medidas de satisfacción colectiva cuando sea el caso. Para efectos de la ley 1448 de 2011 también son víctimas los familiares en primer grado de consanguinidad, o primero civil de la víctima directa, cuando la persona fue asesinada o desaparecida, los familiares en segundo grado de consanguinidad ascendente, o quienes por socorrer a la persona o evitar su victimización sufrieron algún daño.

L.C. ¿Cuáles son los victimarios?
G.B.P. Los victimarios son quienes en el marco del conflicto armado causaron daños físicos, psicológicos, morales y materiales, y donde en un conflicto tan degradado y prolongado en el tiempo, van más allá de los grupos armados tradicionales. Por ejemplo, en Colombia en el proceso de despojo de tierras se han visto involucrados no solo grupos guerrilleros y paramilitares, sino empresarios y hasta funcionarios públicos y congresistas.

L.C. ¿Cómo ha sido el proceso de visibilización de las víctimas?
G.B.P. Muy difícil, venimos de años de negación de los derechos de las víctimas, de gobiernos que no solo no las atendían sino que generaron políticas que agravaron su situación.

El solo hecho de que durante 8 años negáramos la existencia de un conflicto armado, dio como resultado la negación de una problemática humanitaria y social inmensa, que incluso los desplazados por la violencia fueron llamados turistas.

Muchos alcaldes y gobernadores se negaban a atender a los afectados por el conflicto y el conjunto de la sociedad no quería saber de ellos. Hoy la cosas son muy distintas, a pesar de los múltiples problemas las víctimas cuentan con la protección de una garantista jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, de una ley de víctimas y de restitución de tierras, y por primera vez en la historia, de una institución única y exclusivamente creada para ellas, como es la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, que a su vez coordina todo un sistema compuesto por 51 entidades responsables del tema en Colombia.

L.C. ¿Cómo está llegando la Subdirección de Participación a las víctimas en el país?
G.B.P. La Subdirección de participación es el punto de contacto de la Unidad con las víctimas, es la encargada de capacitar y promover la incidencia de las víctimas en las políticas públicas a todo nivel, y por esto es un reto enorme, que apenas está empezando, ya que venimos de la negación a generar ahora espacios para que las víctimas incidan en las medidas de atención y reparación.

La Subdirección por esto hace presencia en todo el país, tanto con un equipo nacional, como con los enlaces territoriales y las dinámicas de intervención con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas. Además, la Subdirección de participación tiene un trabajo conjunto y permanente con todos los personeros del país, la Defensoría del Pueblo y con los demás órganos de control, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, siendo un factor clave de propuestas, vigilancia y control, la participación efectiva de las víctimas.

L.C. ¿Qué tan aliado de las víctimas está el gobierno nacional?
G.B.P. La principal apuesta del gobierno nacional es la política de atención y reparación de las víctimas y el logro de la paz, que en conjunto hacen parte de un solo proceso, porque la paz necesariamente comienza por reconocer a las víctimas, y la política de víctimas solo tiene sentido y será sostenible en el marco de un proceso de paz y reconciliación.

La voluntad política del gobierno por resarcir a los afectados por el conflicto es total, lo que pasa es que superar un problema acumulado durante los últimos 50 años no es fácil, y generar políticas como, por ejemplo, devolver las tierras a sus verdaderos dueños, es enfrentarse a opositores de todo pelambre que van, como dijimos, desde poderosos empresarios, grupos armados y sectores políticos regionales que usufructúan aún los réditos del despojo.

L.C. ¿La protección a las víctimas es un desafío?
G.B.P. La seguridad de las víctimas es parte de lo difícil que es superar tantos años de violencia, que fue usada para quedarse con las tierras de los campesinos, y hoy quieren apelar a la misma violencia para permanecer en ellas.

De ahí el mensaje que la política de víctimas y la paz son asunto de todos: de la policía, del Ejército, de las universidades, de alcaldes y gobernadores, de la fiscalía. Todos debemos rodear a las víctimas ante los violentos.

L.C ¿Será difícil que las FARC reconozcan a las víctimas, las reparen y prometan no repetición?
G.B.P. Las Farc ya han empezado a cambiar su actitud hacia las víctimas en sus últimas declaraciones. Creo que hay que distinguir los momentos políticos de la negociación y la dificultad que representa sentarse a la mesa en medio del conflicto.

Sin embargo, hay muchos motivos para ser optimistas en este proceso; el primero, que la opción militar está agotada para ambos bandos, en los 8 años del gobierno de Uribe gastamos 120 billones de pesos para, principalmente, acabar con las FARC y no lo logramos. Esta guerrilla hoy sabe que nunca va a llegar al poder por las armas; en segundo lugar, esta es la última oportunidad que tienen las FARC para llegar a un proceso de paz, y ahí el tema de las víctimas es un factor clave, en el que no se pueden equivocar, ya que negar a las víctimas les acarrearía el repudio de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

Además, haría ilegítimo cualquier proceso de justicia transicional para esta guerrilla, y mucho menos de participación política en el marco de los acuerdos. En cuanto a la reparación se viene una tarea descomunal que desborda el proceso, sin decir con esto que no es responsabilidad de las FARC entregar, sobre todo tierras, al Fondo de Reparación de las Víctimas, y la no repetición la garantiza un verdadero y sostenible proceso de paz, cuyo mayor enemigo no serán las FARC ya desmovilizadas, sin los rezagos del paramilitarismo hoy llamados Bacrim.

Política julio 15 de 2013

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