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¿El Estado tiene abandonados a los indígenas del Cauca?

Por Redacción en octubre 21, 2013

A propósito de las nuevas exigencias de las comunidades indígenas del Cauca, se publica un reportaje de la edición del 17 de agosto de 2012 de la Campana impresa.

A raíz de la toma de la base militar, ubicada en el cerro Berlín, en Toribío, Cauca, por parte de un grupo de indígenas Nasa que pretendía desalojar de su territorio a las fuerzas del orden, hecho que dejó en la retina de caucanos y colombianos las imágenes de soldados cuando eran arrastrados de pies y manos por furibundos nativos, y las lágrimas del sargento Rodrigo García, como reacción a la humillación de que era objeto el Ejército colombiano, numerosos columnistas nacionales de medios físicos y virtuales, comenzaron a opinar sobre lo sucedido y a sacar sus propias conclusiones. La mayoría de los nuevos “caucanólogos” dedujo que la reacción de los indígenas obedece al total abandono en que los tiene el Estado.

Para saber si a esas comunidades, que tienen gran organización, las asiste o no el Estado, y cuáles han sido sus conquistas, La Campana indagó en distintas fuentes, en especial normativas.

Según el antropólogo caucano, Antonio Legarda Muñoz, autor del libro “Compilación de normas indígenas de Colombia”, alrededor de 158 leyes y decretos han sido expedidos para favorecer de manera particular a las comunidades indígenas, a las cuales el Estado colombiano les garantiza de por vida ingresos económicos y otra serie de beneficios, que les llegan de manera directa, además de gran cantidad de tierras.

Señaló, Legarda Muñoz, quien fue el delegado del presidente de la República para el Cauca, del censo de 1993, y también dirigió el empadronamiento que se efectuó en la región de Páez, luego del terremoto y posterior avalancha de dicho afluente, que en cuanto a salud, por ejemplo, la Ley 619 del 21 de septiembre de 2001 reglamenta la participación de los grupos indígenas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un régimen de beneficios especiales. Señala esa norma, que los pueblos indígenas serán beneficiarios de los planes y programas previstos en la Ley 100 de 1993, así: 1. Plan Obligatorio de Salud. 2. Plan obligatorio de salud subsidiado. 3. Plan de asistencia básica. 4. Atención inicial de urgencias. 5. Atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos. Se advierte, que las actividades y procedimientos no cubiertos por esos planes, se atenderán con cargo a los recursos del subsidio a la oferta en las instituciones públicas o privadas que tengan contrato con el Estado.

“Las autoridades tradicionales y legítimas de cada pueblo indígena elaborarán un censo y lo mantendrán actualizado, para efecto del otorgamiento de los subsidios…”, ordena la norma, la cual señala en su artículo 5 que todos los indígenas tienen régimen subsidiado y, por lo tanto, no hacen ningún copago.

El artículo 8º de la Ley 691 de 2001 se refiere al subsidio alimentario para las madres gestantes y los niños menores de cinco años. El artículo 14 de ese mismo estatuto se refiere a las administradoras de salud. Es al único grupo de la población colombiana, al que se le ha permitido que maneje la salud, captando directamente todos los recursos del régimen subsidiado a través de EPS como la AIC, que es la mayoritaria, Mallamas, entre otras, y crear institución prestadora de servicios de salud, IPS, como la ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en lugar de fortalecer las instituciones ya existentes, como la ESE, Empresa Social del Estado, Cxayuce Jxuts.

Y le admite, dice el antropólogo Legarda Muñoz, establecer el número de afiliados a través del Ministerio del Interior. Según el número de indígenas reportados, el Estado transfiere los respectivos recursos económicos de acuerdo con la unidad per cápita.

El artículo 28 dice que el Ministerio de Salud asignará un porcentaje no menor del 5% de los recursos destinados al fortalecimiento de la Red de Urgencias, para el financiamiento de los sistemas de comunicación, transporte y logística que sean necesarios en zonas donde se encuentren asentados pueblos indígenas. El artículo 29 indica que para garantizar el acceso a los niveles superiores de atención médica, el Sistema de Referencia y Contrarreferencia permitirá la remisión y atención pronta y oportuna de los Indígenas que lo requieran. El parágrafo de ese artículo ordena, que en las ciudades con hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica, se dispondrán las acciones pertinentes para organizar casas de paso, en las cuales se hospedarán los acompañantes o intérpretes de los remitidos. Estas casas podrán ser asignadas y adjudicadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de aquellas incautadas en desarrollo de su actividad.

“Los aspectos no contemplados en la presente ley, relativos a la prestación de servicios de salud a los grupos indígenas, se regularán en todo caso por las normas existentes pertinentes o por las que se desarrollen con posterioridad a la expedición de ésta, pero de manera especial atendiendo la Ley 100 de 1993, la Ley 21 de 1991, la Ley 60 de 1993, el Decreto 1811 de 1990 y demás normas sobre la materia”, reza el artículo 30 de esta Ley, dedicada en toda su extensión a las comunidades indígenas.

Entre tanto la Ley 715 de 2001 que se refiere al Sistema General de Participaciones, en educación y salud, señala que del total de los recursos que conforman el SGP se debe deducir cada año el 4% de éstos, correspondiéndoles a los resguardos indígenas el 0.52%.

De otro lado, el decreto Ley 2164 de diciembre 7 de 1995, reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.

Perfil epidemiológico en comunidades indígenas

A pesar de que los indígenas en el Cauca manejan la salud de sus comunidades, con las transferencias del Estado, producto de los impuestos de los colombianos, entre sus comunidades se presentan enfermedades que son prevenibles.

De las patologías de interés para salud pública, en lo que va corrido del 2012 se evidencian varias, entre ellas: Mordedura por animal transmisor de rabia, con 247 casos. Intoxicación por alimentos contaminados por bacterias, 41 casos. Hepatitis vírica A, que es transmitida por agua sin tratar, 42 casos. Intoxicación por plaguicidas, 63 casos, pero no siempre es por aplicación en los cultivos, sino por intento de suicidio, siendo el grupo más afectado el de mujeres entre 15 y 19 años de edad. Los mayores eventos se presentan en Toribío, con 12, y en Silvia con 9 intentos. Es deficiente el autocuidado, porque no existe la costumbre de lavarse las manos.

La mortalidad perinatal registra 53 casos, siendo las poblaciones más afectadas Caldono, Santander de Quilichao, Toribío y Morales. La mortalidad materna y perinatal constituye un grave problema entre la población indígena del Cauca. En el 2012 se han reportado cuatro muertes maternas y 53 decesos perinatales. Este fenómeno se presenta en mayor número en Toribío, Santander de Quilichao, Morales y Caldono. Es una estadística que las autoridades de salud consideran muy alta.

Hay casos de sífilis gestacional y congénita, patologías que se deben intervenir para evitar complicaciones después del parto, porque los niños nacen con malformaciones.

Tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, 25 casos reportados en Toribío, Santander de Quilichao, Páez, Miranda, Inzá, Caldono y Balboa.

Varicela: 209 casos: Totoró y Silvia con 25 cada uno; Santander, 31; Páez, 30, entre otros municipios.

En cuanto a violencia intrafamiliar, dado el alto porcentaje informado, el Ministerio de Salud está analizando esta situación. Se han reportado 41 casos en este año en Caldono, Caloto, La Vega, Páez, Piendamó, entre otros.

En cuanto a la Tos ferina, que es prevenible, se presentan muchos casos. A pesar de que la vacuna se encuentra en el esquema gratuito, que corresponde a la DPT, no se ha logrado inmunizar a toda la población indígena.

Hay mortalidad por desnutrición, en particular en Santander de Quilichao y Jambaló. Igualmente, mortalidad por diarrea en menores de cinco años. Esta situación se observa, especialmente, en Páez, Timbío, Timbiquí, El Tambo, Caloto, Corinto y Jambaló.

La mortalidad por infección respiratoria aguda se presenta mayormente en Buenos Aires y Toribío. Tanto la enfermedad diarreica aguda, como la infección respiratoria aguda, son eventos prevenibles que no se deberían estar presentando, según dicen las autoridades de salud.

Reconstrucción Cuenca del Río Páez

A través de la Corporación Nasa Kiwe, creada para reconstruir la Cuenca del Río Páez y zonas aledañas, destruidas como consecuencia del sismo y posterior avalancha de dicho afluente el 6 de junio de 1994, el gobierno nacional ha invertido durante 18 años (1994-2012) $460.831’398.000 en esa zona caucana, que tiene un alto índice de población indígena. El 67% de los habitantes del municipio de Páez, corresponde a esa etnia. La población total de ese ente territorial es de 31.548 habitantes.

Nasa Kiwe, que en el 2012 finaliza la ejecución del proyecto de reconstrucción, de manera paralela comenzó este año la ejecución del documento Conpes 3667 denominado, “Implementación de lineamientos de política para la reducción del riesgo ante la amenaza de flujo de lodo (avalancha) en el volcán Nevado del Huila”, que obedece a la necesidad de trabajar en torno a la condición de riesgo en la que se encuentra la población ubicada a lo largo del cañón del río Páez, generada por la amenaza de flujo de lodo, tras la actividad del volcán en los años 2007 y 2008.

Puente peatonal y caballar en Aranzasu, Municipio de Páez. Esta obra hace parte del programa de reconstrucción de la cuenca del Río Páez

Inversión por $460.831’398.000

La inversión en la zona de influencia de la cuenca del río Páez, que es de $460.831’398.000 se hizo en diferentes áreas, así: En Vías, 907 kilómetros construidos y mantenidos, 86 puentes vehiculares y peatonales construidos, con una inversión de $137.933.898.000. Vivienda, 2.610 construidas y 13.151 subsidios tramitados, por valor de $131.457’.996.000 Salud y saneamiento básico, 24 casas de salud, 215 sistemas de acueducto y alcantarillado construidos, con un costo de $56.593.189.000. Tierras, 11.124 hectáreas adquiridas, por $46.629.727.000.

Educación, 172 centros escolares construidos, por valor de $25.063.953.000 Proyectos productivos, 145 pecuarios desarrollados, 27 microempresariales ejecutados, por cuantía de $25.063.953.000. Electrificación, 2.474 viviendas electrificadas, por valor de $9.499.395.000. En fortalecimiento institucional se invirtieron $13.191.124.000

Para el desarrollo de los proyectos estipulados en el Conpes 3667, se asignaron $57.900.000 con destino al mejoramiento del conocimiento para la gestión del riesgo; Recuperación de la zona afectada por flujo del lodo en el 2008, $759.517.000 y para la Intervención de la condición del riesgo, se fijaron $1.521.627.000)

Administración de la educación indígena

Para el secretario de educación del Cauca y ex alcalde de Toribío, Gilberto Muñoz Coronado, lo que tienen hoy las comunidades indígenas del Cauca, se lo han ganado a la brava, porque apenas tuvieron su participación real en el país, gracias a la Constituyente de 1990 quedando plasmadas sus demandas en la Constitución de 1991 en varios de sus artículos, que tienen que ver con su identidad.

Señaló el funcionario, que por medio de la normatividad se empezaron a transferir recursos a los resguardos legalmente constituidos en el país, que son alrededor de 794, de los cuales el Cauca tiene 94 en más de 125 cabildos; resguardo es el área territorial, mientras el cabildo es la autoridad de los ocho pueblos indígenas que hay en el Cauca. Cada pueblo comenzó a reclamar su derecho a la educación propia, para lo cual empezaron a desarrollar propuestas. Han avanzado, y con el gobierno nacional efectuaron mesas de concertación, en cuanto al SEIP, Sistema de Educación Indígena Propio, que quedó incluido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo como capítulo especial. La administración central y el CRIC acordaron elaborar un decreto transitorio, que es el 2500 de 2010, por medio del cual se les dio la administración de la educación en sus territorios, a través de contratos suscritos por el respectivo municipio y las autoridades indígenas, llámense asociación, cabildo y otras organizaciones.

En el Cauca se firmó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN, con la autoridad tradicional de Guambía y con el CRIC, para administrar y contratar, son dos figuras jurídicas. Explica el Secretario de Educación del Departamento, que en donde hay profesores oficiales los indígenas hacen la administración, y en los lugares que no hay docentes, los contratan. El decreto da la posibilidad de que sea mixto, lo mismo pasa con las iglesias por medio del decreto 2355 que rige la contratación en la población mayoritaria. Dentro de esa contratación las organizaciones indígenas nombran los docentes y ponen su aparato administrativo al servicio educativo. Como el Decreto 2500 de 2010 es transitorio, los directivos indígenas pretenden que sea permanente, que les entreguen de manera definitiva la administración de la educación.

“En la Secretaria de Educación hacemos el control y el seguimiento, porque ahora la educación se contrata de acuerdo con el número de niños, y los órganos de control hacen el seguimiento que les corresponde”, afirmó Muñoz Coronado, quien también señaló que esa modalidad de contratación ha generado contradicciones en algunos sitios, con otros grupos de población, como los campesinos, radicalizándose unos y otros.

Las organizaciones indígenas administran en el Cauca alrededor de 57.000 alumnos, desde grado cero hasta 11, entre contratados y administrados en los diferentes municipios y resguardos. En los pueblos con alto porcentaje indígena, los maestros, en su mayoría, pertenecen a esa etnia, como Jambaló, Toribío, Silvia y la parte alta de Corinto.

Plan de reubicación de vivienda en el Municipio de Páez, obra ejecutada por la Corporación de Reconstrucción Nasa Kiwe.

$28 mil millones administran indígenas

De acuerdo con la contratación, Guambía, por ejemplo, maneja alrededor de $3.000 millones anuales para educación; la ACIN tiene en este momento un contrato por $14.000 millones, y el CRIC administra $28.000 millones. Los tres contratos suman $45.000 millones. Entre tanto, con la población mayoritaria, la Secretaría de Educación ha contratado $19.000 millones. En total ha contratado para administrar la educación $64.000 millones en todo el Cauca, porque la población mayoritaria, en gran porcentaje, está atendida por profesores de planta.

El secretario de Educación del Cauca, Gilberto Muñoz Coronado, dice que no es partidario de la contratación de la educación porque no genera calidad. “De todas maneras el que contrata tiene una utilidad, así sea pequeña. Los docentes deberían ser nombrados por el Estado. Es lo mismo que sucede con la salud, en lugar de prestarse ese servicio directamente por el sector estatal”, recalcó.

Convenio Cric- Unicauca

En desarrollo de un convenio firmado por la actual administración de la Universidad del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el próximo 1º de octubre ingresarán a las aulas del claustro de Santo Domingo, jóvenes indígenas seleccionados por el CRIC. Para los futuros estudiantes de los programas de Derecho, Ciencia Política y Comunicación Social, lo mismo que para sus maestros, se han establecido horarios “especiales y adecuados”, según dice en boletín de prensa el decano de Derecho de la Alma Mater, Roberto Rodríguez.

Serán dos promociones, exclusivamente para jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas del Cauca, para un total de 180 cupos, 60 en cada programa. A diferencia del resto de aspirantes a ingresar a esta universidad estatal, los alumnos indígenas no presentarán examen de admisión, se dice que serán entrevistados por profesores. Las cátedras las orientarán docentes de la Universidad del Cauca, con apoyo de profesionales y líderes de los pueblos indígenas del Departamento, dice la información oficial.

Los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, asignados a los resguardos son presupuestados por el propio resguardo a través de sus autoridades, pero la ejecución le corresponde a la respectiva administración municipal, previa firma de contrato entre el resguardo y el municipio.

“Recuperación de tierras”

Desde los años 70 las comunidades indígenas, dirigidas por el CRIC y la ACIN, iniciaron en el Cauca el proceso que han denominado “recuperación de tierras”, por medio del método de la invasión de fincas de propiedad privada, que el Estado colombiano ha venido adquiriendo para ellos, bajo la figura de “venta voluntaria”.

Actualmente, hay muchas hectáreas de tierra en situación muy particular. Unas, no tienen propiedad; otras están en conflicto, que corresponden a los predios que se encuentran invadidos por indígenas, que el Estado no ha pagado a sus legítimos propietarios. Hay otras fincas en poder de comunidades indígenas, que están a nombre del Incora o del Incoder. Así mismo, se dice que se hallan en proceso de constitución 18 nuevos resguardos, que son áreas territoriales. De todo esto, no se sabe exactamente cuántas hectáreas son las que deberá comprar el Estado que, al parecer, no dispone de presupuesto para esa adquisición.

De otro lado, en cuanto al número real y total de hectáreas que poseen las comunidades indígenas del Cauca, no se tiene una cifra cierta. Sin embargo, en el plan de gestión ambiental regional de los pueblos indígenas del Cauca, que es el resultado de un convenio suscrito entre la Corporación Regional del Cauca, CRC, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se reconoce que los indígenas del Cauca poseen 721.763 hectáreas, página 148.

La Campana consultó con la gerencia de Incoder Cauca, sobre el número real de hectáreas que el Estado colombiano ha entregado durante cuatro décadas a las comunidades indígenas, para saber a ciencia cierta cuántas le quedan al Cauca para la producción comercial, pero no logró que esa entidad le facilitara la información pues, al parecer, la gerencia nacional lo ha prohibido. Entonces, tampoco se pudo saber, cuánto han costado las tierras del Cauca, y cuál es el retorno de esa inversión, que se debe traducir, por ejemplo, en producción y empleo rural.

Tampoco se entiende, por qué se priorizan compras de predios nuevos, sin que se legalicen los que se encuentran invadidos, como los del Fondo Nacional Agrario que poseen las comunidades indígenas, que son alrededor de 43.000 hectáreas.

En cuanto a la tributación, el impuesto predial rural que los antiguos propietarios de las fincas pagaban a los entes territoriales, hoy lo cancela el propio Estado.

De los 140.719 predios que se encuentran conformados catastralmente en el Cauca, 130.373 corresponden a predios de 0 a 20 hectáreas. Es decir, que el Departamento sustenta una economía campesina de pequeños propietarios, lo que quiere decir, que el Cauca es de minifundistas, pero también de grandes propietarios rurales: Hay 83 fincas mayores a 1.000 hectáreas, de las cuales 75 haciendas son de los indígenas y 8 de particulares.

Familias en Acción indígenas

Dentro del programa Familias en Acción, se creó en el 2009 uno especial para las comunidades indígenas, a quienes se les aceptó el censo que registran ante el Ministerio del Interior. Para las Familias en acción indígena, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), otorga subsidios de educación y nutrición a hijos menores de 18 años, de hogares de bajos recursos. Dichas familias en el Cauca han recibido del año 2009 a julio de 2012, un total de $54.205.270.000

ACUMULADO CAUCA (Años 2009 – 2012)

Total Familias Indígenas = 28.648
Total Liquidado = $54.205.270.000
Cobertura municipios = 25
Total Menores Indígenas = 64.183

ÚLTIMO CICLO LIQUIDADO CAUCA (Junio 26 – Julio 26 de 2012)

Total Familias Indígenas = 26.213
Total Liquidado = $3.029.585.000
Cobertura municipios = 24
Total Menores Indígenas = 49.917

artículo publicado el 17 de agosto del 2012.

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