Riesgo en proceso licitatorio de pasaportes advierte Contraloría al Fondo Rotatorio de Cancillería

Por Redacción en agosto 17, 2023

Se afectaría la expedición de pasaportes, tanto en Colombia como en el exterior. La licitación es por cerca de $ 600 mil millones.

La Contraloría General de la República le advirtió al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el inminente riesgo que ha identificado en torno al suspendido proceso licitatorio de suministro, formalización y distribución de pasaportes (Licitación Pública LP-001-2023).

Según la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que realizó un informe de seguimiento sobre el particular y recomendó al vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, formular esta advertencia, como consecuencia de las recientes actuaciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin”.

El pronunciamiento de advertencia sobre el proceso de Licitación Pública LP-001-2023 está firmado por el vicecontralor en Funciones de Contralor General y dirigido al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

La comunicación finaliza recordando que la finalidad de la advertencia es prevenir la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la entidad, por lo que “se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.

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