Policía pasaría al Ministerio de Justicia, dijo Néstor Osuna

Por en febrero 14, 2023

Al alto funcionario le parece mejor trasladar esta institución al Ministerio de Justicia, porque esta cartera define la política criminal del Estado.

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, dijo en declaraciones radiales, que se está adelantando un estudio sobre la posibilidad de pasar la Policía Nacional a esa cartera, con el objetivo de que “sea el mejor aliado del ciudadano. Eso es lo que queremos y hacia allá van a ir las reformas”.

En 1953, en el Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, la Policía pasó del Ministerio de Gobierno, a formar parte activa del entonces Ministerio de Guerra, hoy de Defensa Nacional, como el cuarto componente del comando general de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización propios. El argumento para esa decisión se basó en que la Policía se había politizado.

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Hoy, el Gobierno Petro, quiere pasar la institución policial, del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia, propuesta que hizo en campaña presidencial.

Al respecto, el ministro Osuna, afirmó que se está a la espera de las conclusiones del respectivo análisis, para después de Semana Santa; sin embargo, “parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”, señaló.

Explicó, que se busca que los uniformados sean los grandes aliados del ciudadano, ya sea cuando se presente algún problema o en el momento en que se necesite garantizar la seguridad, pues son un instrumento para resolver esas situaciones. Para ello, hay que avanzar en reformas para modernizar la institución.

Al respecto, el ministro explicó, que el aludido estudio “arrojará las ideas de una Policía mucho más cercana a la ciudadanía, que el mejor amigo del peatón sea el Policía”.

Según Osuna, el estudio contempla brindar herramientas en la formación de los policías, como la de ser profesionales en resolución de conflictos y cuenten con habilidades suficientes para que, ejerciendo su autoridad, “la ciudadanía sepa que pueda confiar si tiene un problema de convivencia”.

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