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Luego de los ataques a sedes judiciales, Corte Suprema de Justicia urge detener la violencia

Por en mayo 27, 2021

“La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, dice el alto tribunal.

En comunicado la Corte Suprema de Justicia, dice que en momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos.

Agrega el alto tribunal en su pronunciamiento, el cual lleva la firma de su presidente, Luis Antonio Hernández Barbosa, que los actos de violencia deben detenerse de inmediato. 

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Incendio de la URI en Popayán, como consecuencia del paro nacional.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá – Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.

Enfatiza en que estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución.

Incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca. 

Con empatía, grandeza, inclusión y confianza se exhorta a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes ostentan liderazgo político, comunitario, de opinión y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución, rechazando enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras, en el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica, y detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas, reza finalmente el comunicado.

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