Las víctimas y el proceso de paz

Por Redacción en julio 29, 2014

Por Gabriel Bustamante Peña

Hace poco tiempo las víctimas no eran reconocidas, ni siquiera se aceptaba que había conflicto armado, y frente a la tragedia del desplazamiento forzado, un avezado asesor presidencial, que hoy funge como senador, se atrevió a decir que este delito no existía, que en Colombia no había desplazados sino migrantes.

En el 2004 la dramática situación de las víctimas por el abandono estatal y la desatención del gobierno nacional y de los mandatarios locales, llevó a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada, y prácticamente obligar al Estado a hacer frente a la mayor violación de derechos humanos por cuenta de la inexistencia de una política para las víctimas del conflicto.

Fue también en 2004 cuando el Congreso de la República recibió y escuchó al líder del ELN, Francisco Galán, que participó, paradójicamente, en un foro internacional sobre minas antipersona, siendo este grupo armado el principal responsable de este condenable crimen de guerra; y posteriormente, un número considerable de ese mismo Congreso no solo recibió y escuchó, sino que ovacionó a los jefes paramilitares Ramón Isaza, Ernesto Báez y Salvatore Mancuso, que salieron en medio de aplausos del capitolio nacional.

Días después organizaciones de víctimas del Estado, de la guerrilla y de los paramilitares, indignados por la llegada de los victimarios, y en la conmemoración de la semana por la paz, solicitaron al Congreso que escuchara en audiencia a las víctimas. A la cita llegaron víctimas del Estado, desplazados, familiares de policías y soldados, indígenas, campesinos, y sobresaliendo en el grupo la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, pero los que no llegaron fueron los congresistas. Ese día, ante la falta de presidente y secretario del Congreso, coordinaron la sesión Antonio Madariaga, de la Corporación Viva la Ciudadanía y Gabriel Bustamante, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y en el recinto, un solo parlamentario escuchó a las víctimas hasta el final, el senador indígena Jesús Piñacué. Por este motivo, y como desagravio a las víctimas, años después la Ley 1448 instituyó el 9 de abril como el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, y le ordena al Congreso sesionar en pleno para escucharlas.

Hoy, sin terminar aún la guerra, las víctimas cuentan con una ley; el conflicto armado no solo es aceptado, sino que se avanza hacia la resolución del mismo en un proceso de paz, cuyo principal punto son precisamente las víctimas del conflicto; el Estado y las guerrillas, por primera vez, aceptan que son victimarios, acuerdan una comisión de esclarecimiento histórico y están dispuestos a escuchar a las víctimas que irán a La Habana a exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, contrario a lo que vociferan los enemigos del proceso, que se ahogan en su propio veneno mientras claman porque persista una guerra que no los toca, pero sí los beneficia.

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