A propósito de las marchas

Por Redacción en noviembre 19, 2019

Por Hernán Alejandro Olano García

A propósito de marchas y movilizaciones, estas comenzaron en Colombia hace 91 años, cuando en abril de 1927 el presidente Miguel Abadía Méndez, el último de los presidentes gramáticos, anunció que la estabilidad del Estado se encontraba amenazada con la conmemoración del 1 de mayo, con una gran “revuelta bolchevique”, lo cual fue combatido con la expedición del Decreto 707, para garantizar el orden público y la seguridad social, “procurando la general sumisión de las personas a la Constitución y leyes nacionales y el respeto debido a los derechos individuales y garantías sociales reconocidos en ellas; descubriendo las tramas, maquinaciones y conciertos contra la seguridad de la Nación”.

Los 24 artículos de esa norma permitieron al ejecutivo contrarrestar fuertemente la subversión que comenzaba a tomar protagonismo en los campos y ciudades colombianas, haciéndose imperativo el control de reuniones y el decomiso de armas; de ahí que cuando estallaren huelgas o movimientos subversivos en cualquier región del país, caducarán ipso facto, sin excepción alguna, todos los permisos que con anterioridad se hayan otorgado para llevar armas y para vender cualquiera de los artículos o elementos a que se refiere el citado Decreto (Lanza, puñales, cachiporras, etc.).

Esas circunstancias nos hacen recordar la frase de Hernando Gómez Buendía: “el rasgo más chocante de la <personalidad> colombiana”, que es el de “nuestra asombrosa incapacidad para resolver conflictos”, debido a nuestra intolerancia. Pero, el viernes 25 de agosto de 1989, “fue necesario que el espíritu nacional se estremeciera” una semana después del asesinato el 17 de agosto del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 de agosto, de Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha, y del coronel (póstumamente brigadier general) Valdemar Franklin Quintero en Medellín, más de 20.000 estudiantes de las universidades participamos calmadamente, sin capuchas, sin agredir a nadie, sin romper ni un solo vidrio, ni saquear siquiera un puesto de dulces, estuvimos en la <<marcha del silencio>>, que fue <<la voz>> del proceso transformador que se avecinaba con la Constituyente.

En esa marcha, a las puertas del Cementerio Central de Bogotá, algunos de nuestros compañeros con megáfono, leyeron un panfleto de media cuartilla en el que se consignaba la aprobación de nuestra generación a los siguientes puntos:

1. El rechazo a todo tipo de violencia, cualesquiera que sean las ideologías o intereses que pretendan justificarla.

2. La exigencia al respeto de los derechos humanos en Colombia.

3. El apoyo a las instituciones democráticas en su lucha contra todas aquellas fuerzas que pretenden desestabilizarlas, llámense narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares u otros.

4. El rechazo para estos fines, y en virtud de la autodeterminación de los pueblos, de cualquier tipo de intervención armada por parte de Estados extranjeros.

5. La solicitud de convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual.

6. La exigencia de la depuración exhaustiva de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Gobierno y de los partidos políticos.

Luego de la marcha, las oleadas terroristas no se dejaron esperar: 27 de agosto en Medellín nueve agencias bancarias dinamitadas de los bancos Cafetero, de Colombia, del Estado y del Comercio, y desactivadas bombas en otras cuatro sucursales, en el edificio Monterrey y en el Club Unión; 2 de septiembre, 150 kilos de dinamita destruyeron las instalaciones de “El Espectador”, hiriendo a 73 personas; el 16 de octubre el turno, con cuatro muertos le correspondería en Bucaramanga al diario “Vanguardia Liberal”; el 27 de noviembre la bomba al avión HK-1803 que cubría la ruta Bogotá-Cali; el 6 de diciembre, una tonelada de dinamita al 90%, cobraría 41 muertos y 300 heridos en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., que quedaron totalmente destruidas, junto con propiedades de particulares ocho cuadras a la redonda; en resumen, lo que el cantautor colombiano Andrés Cepeda titularía “Es la Historia de mi Generación”.

La propuesta de los estudiantes del 25 de agosto, llevó a realizar una gran cruzada nacional, a través de una publicación en “El Tiempo” el 22 de octubre de 1989, con la cual se recogieron 35.000 firmas de apoyo a la iniciativa titulada “Todavía podemos salvar a Colombia”, las cuales se remitieron al presidente Virgilio Barco Vargas, con una importante solicitud que dio origen a lo que se conoció como “El Gran Debate Nacional”, antesala de la Constituyente.

Esta semana nos vemos avocados a un paro nacional, hago un llamado a las fuerzas vivas, para que no ocurra nada parecido a cuando la CSTC y otros sectores políticos y comunitarios, organizaron en contra del gobierno de López Michelsen un durísimo paro cívico nacional el 14 de septiembre de 1977, una protesta popular contra las medidas económicas ante una inflación del 32%, que desbordó los límites de una manifestación y se tornó violenta. El gobierno calificó dicha manifestación nacional como subversiva y se quiso evitar su desarrollo con el estado de sitio y el toque de queda; incluso, recuerdo una persona muy cercana que salió hasta la esquina a expresarse como conservador contra el gobierno liberal, y se lo llevaron a la cárcel de “El Barne”, violándole sus derechos mínimos fundamentales.

Nunca se había visto que cantantes, políticos, la Conferencia Episcopal, así como la Señorita Colombia, convocaran una manifestación contra el Gobierno; un paro “farandulero”, podría decirse hoy en día; pero, lo más importante, frente a los desmadres de la situación, es el que si bien poseen unos derechos los ciudadanos, tampoco se puede cohonestar con la violencia. Como dice el cantautor chileno Alberto Plaza: “Hay muchas buenas razones para protestar, pero no hay ni una sola buena razón para destruir un país”.

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