Reforma laboral busca mejorar condición de trabajadores formales, pero ¿Qué hay del 60% restante?

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No se han tenido en cuenta los posibles efectos de la estructura de costos de las empresas, lo que podría traducirse en un aumento de la informalidad.

El miércoles 28 de mayo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate el

proyecto de reforma laboral. De los 75 artículos presentados en la ponencia mayoritaria, 73 fueron aprobados sin modificaciones sustanciales frente al texto que ya había avanzado en la Cámara de Representantes. Este avance en materia legislativa lleva al país a una reforma estructural del marco laboral, que, si bien busca reafirmar el principio de trabajo digno y decente, y mejorar la estabilidad de los trabajadores, deja importantes interrogantes sin resolver. Además, pasa por alto los costos que estos cambios implican, especialmente en un país donde más del 98% del sector empresarial está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que son, a su vez, las que concentran la mayor parte del empleo en el país.

Según el análisis de ANIF, las nuevas exigencias en materia de contratación, los cambios en la definición de la jornada laboral y el incremento en los recargos por trabajo el domingo, festivos y horarios nocturnos, pueden traducirse en mayores rigideces y desincentivos a la generación de empleo formal. Aunque algunos expertos han advertido sobre estos riesgos, el debate público ha sido muy limitado, y el enfoque de política se ha centrado más en el fortalecimiento de derechos de los trabajadores formales actuales que los posibles efectos de la estructura de costos de las empresas, lo que podría, en la práctica, traducirse en un aumento en la informalidad.

Costos de la reforma

La reforma laboral incluye, entre otros aspectos, dos que indudablemente hacen más costosa la contratación formal. Por un lado, define un aumento de la jornada nocturna con la cual se paga un recargo de 35% del salario base por hora trabajada. Actualmente, la jornada laboral diurna consta de 46 horas, 6 días a la semana, en la franja horaria de 6:00 a.m. hasta las 9:00pm. La reforma modifica este horario, la jornada diurna se reduce en dos horas, pasando de las 6:00 am hasta las 7:00 p.m. De la misma forma, otro elemento que impacta los costos laborales es el recargo dominical y de festivos, correspondiente a un 100%. Actualmente, ambos días mantenían un recargo del 75%.

Para dimensionar el efecto que puede tener esta medida, hay dos ejemplos: Un trabajador de comercio, que recibe un salario mínimo ($1.423.500) y trabaja tiempo completo. Con la reducción de la jornada diurna y sin cambio en su horario, este trabajador ahora laborará dos horas en la jornada nocturna, durante 5 días a la semana. El monto que deberá pagar el empleador será aproximadamente de $113.233, equivalente a un aumento de 8% del salario base. En segundo lugar, supongamos el siguiente escenario: un individuo que recibe un salario mínimo y trabaja tiempo completo en jornadas diurnas de viernes a miércoles, este último día en una franja de cinco horas. Además, dado que Colombia es uno de los países con más frecuencia de festivos, en promedio, al menos los meses cuentan con un día de fiesta. Con el recargo del 100% por días dominicales y festivos, el empleador deberá pagarle al trabajador un total de $363.963, a diferencia de lo que pagaría actualmente ($272.972). Esto representa un aumento en el costo del 6,4% adicional, respecto al que pagaban anteriormente. De hecho, si esta medida se combina, es decir, si el empleado trabaja un dominical o festivo luego de las 7:00 p.m., el costo para el empleador aumenta significativamente.

Si bien la reforma pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores formales, el costo que recae sobre los empresarios socava las intenciones de aumentar la formalidad, más si se tiene en cuenta el sector. Específicamente, los sectores más afectados serán aquellos cuya franja de operaciones se desarrolle durante jornadas nocturnas, dominicales y festivos, como lo son: el comercio, alojamiento, restaurantes, entretenimiento, transporte y algunas industrias, en especial de alimentos. Preocupa aún más la limitada estabilidad laboral y la baja capacidad financiera que caracteriza a estos sectores: en promedio, solo el 34,7% de los empleados de estas actividades tienen personal con contrato a término fijo o indefinido y 58,2% de esos establecimientos, tiene menos de 5 empleados.

Dinámica de informalidad reciente

En términos generales, la propuesta de reforma laboral está enfocada en otorgar una mayor remuneración y protección a los empleados formales. No obstante, la reducción de la jornada diurna y el aumento de recargos dominicales, son medidas que generarían un aumento en el empleo informal y un desincentivo a la generación de empleo. Lo anterior es un agravante, en un contexto donde el mercado laboral adolece de una alta tasa de desempleo (9,3% en lo corrido del año a marzo) respecto a la región y una tasa de informalidad que viene en aumento frente al año anterior (57,2% en lo corrido del año hasta marzo, frente a 55,9% en el total 2024). Ese, en particular, es uno de los desafíos estructurales más grandes que enfrenta el mercado laboral colombiano. Quienes trabajan en el sector informal, no cuentan con cobertura en salud ni con acceso al sistema pensional, lo que representa un obstáculo tanto para el desarrollo económico como para el bienestar social del país.

Además, ese fenómeno es diferencial entre sectores económicos. En lo corrido del 2025, las ramas de actividad con mayor nivel de empleo informal fueron: 1) Agricultura (85,1%), 2) Alojamiento y servicios de comida (80,0%), y 3) Actividades artísticas (76,6%). Con eso, seis de las trece ramas de actividad económica registran niveles de informalidad superiores al promedio nacional, concentrando cerca del 65% del total del empleo. En consecuencia, estos patrones sectoriales de informalidad reflejan una estructura laboral heterogénea, en la que amplios segmentos productivos operan bajo condiciones precarias. De igual forma, la informalidad también varía según la posición ocupacional, lo que evidencia las brechas estructurales en la calidad del empleo en Colombia. Los trabajadores familiares sin remuneración registran la mayor tasa de informalidad (97,0%), seguidos por los jornaleros o peones (92,3%) y los trabajadores por cuenta propia (86,7%). Asimismo, mientras que en las empresas de una sola persona la informalidad alcanza un 92,0% y en las de 2 a 5 personas es del 85,5%, en las empresas con más de 50 empleados cae drásticamente al 4,0%. Este patrón evidencia que la informalidad se concentra en microempresas y emprendimientos unipersonales, que suelen operar en condiciones de limitada capacidad financiera y escaso acceso a servicios empresariales.

De no tenerse en cuenta estas diferencias estructurales, el aumento en los costos laborales podría no solo profundizar los niveles de informalidad en todo el territorio nacional, sino también afectar de manera más severa a los trabajadores más vulnerables, particularmente aquellos vinculados a sectores y ocupaciones caracterizados por una menor calidad del empleo. Esta situación tendría efectos indirectos negativos, tanto sobre los trabajadores informales como sobre los desempleados. Por otro lado, esto es una amenaza para el sistema de protección a la vejez. Al reducirse la masa de aportantes del pilar contributivo, aumentaría la presión fiscal para financiar el pilar solidario, que atiende a estas poblaciones más vulnerables, lo que podría comprometer su sostenibilidad y cobertura futura. En últimas, los efectos de la reforma contribuirían a deteriorar la competitividad económica de las empresas colombianas y a acentuar las brechas sociales existentes en pobreza y desigualdad.

Impacto en el mercado laboral

Como se mencionó, los sobrecostos laborales que trae la reforma afectan de manera más pronunciada a ciertas actividades con menor capacidad de generar empleo formal y a las empresas de menor tamaño. Con base en el estudio adelantado por el Banco de la República, que analiza los efectos sobre el mercado laboral en términos de informalidad y pérdida de empleos, estimamos cuáles serían las potenciales consecuencias en el mercado de trabajo nacional. El emisor conceptúa que con sobrecosto del 6,73%, la tasa de informalidad aumentaría en cerca de 2,06pp. Teniendo en cuenta que los sectores previamente enunciados serán los más afectados y con base en los casos tipo ilustrados, los sobrecostos podrían entonces traducirse en un aumento en la tasa de informalidad entre 0,5pp (recargo dominical) y 0,63pp (cambio de jornada diurna). De igual forma, los sobrecostos podrían traer destrucción de empleos. Bajo nuestro escenario, dice ANIF, y siguiendo la misma lógica del análisis anterior, estimamos que, en un contexto medio, la pérdida de empleos en estas actividades económicas podría alcanzar los 140.000 puestos, siendo el principal factor de presión el aumento en los costos derivados del cambio en la jornada diurna.

Recomendaciones

Como se desprende de este análisis, existen preocupaciones legítimas sobre el impacto de la reforma laboral en los niveles de formalidad de la economía, especialmente en las pequeñas empresas y en ciertos sectores específicos. Sin embargo, estas inquietudes no han permeado de manera suficiente el debate público ni parecen influir significativamente en el respaldo ciudadano, y probablemente tampoco impedirán la aprobación del proyecto en el Congreso.

En este contexto, ANIF recomienda incorporar un parágrafo similar al que contemplaba la Ley 789 de 2002 —aunque en su momento no se hizo efectivo— que establezca la obligación de realizar una evaluación de los efectos de la reforma en el mercado laboral dos años después de su entrada en vigor. “Si nuestras advertencias se confirman y se evidencia una disminución en los niveles de formalidad, debería contemplarse una extensión en los plazos de transición hacia los nuevos recargos por trabajo nocturno y dominical. Por el contrario, si se concluye que el mercado laboral formal no se ve afectado por el aumento en los costos laborales, y la evaluación resulta favorable, las medidas podrían mantenerse según el cronograma establecido”.

Esta propuesta no alteraría ni la aprobación de la reforma ni el contenido de sus disposiciones, pero permitiría contar con un mecanismo de ajuste que corrija el rumbo en caso de que los efectos negativos sobre el empleo formal lleguen a materializarse.

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