Poner límites a bloqueos de vías públicas por protestas busca proyecto de Ley radicado en la Cámara
La iniciativa fija condiciones específicas cuando la manifestación se convierte en bloqueo de vías, afectando la vida, la salud, la movilidad o la seguridad de terceros.
El representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, con el respaldo de congresistas de Cambio Radical y de otras colectividades, radicó en esa célula legislativa, el proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se establecen límites a los derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta pública y pacífica sobre vías”.
Esa iniciativa parlamentaria tiene como propósito garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos de millones de ciudadanos que no participan en ella, pero que resultan directamente afectados por los bloqueos prolongados e indiscriminados en las vías del país.
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«Lo hemos visto repetidamente, en particular en la vía Panamericana: protestas que pierden su carácter pacífico y se convierten en bloqueos indefinidos que impiden el acceso a servicios esenciales, provocan la pérdida de empleos e incluso, en algunos casos, obstaculizan el paso de ambulancias. En esas circunstancias, dejan de ser legítimas, se salen del marco de protección constitucional y afectan gravemente los derechos de los demás”, indicó el representante por el Cauca, Óscar Campo Hurtado.
Señaló, que entre el 2023 y 2025 se han registrado más de 1.900 bloqueos en vías, con pérdidas superiores a 1.6 billones de pesos solo en el suroccidente del país. Entre enero y junio de 2025, según Colfecar, se registraron más de 400 bloqueos en vías nacionales, afectando a 23 departamentos, con pérdidas superiores a 1.4 billones de pesos.
“Que el derecho a la protesta no nos genere mayor pobreza, mayor pérdida de empresas, mayores tragedias en la salud y otros derechos como el derecho al trabajo. Que esto no se nos convierta en un círculo vicioso donde se perjudican regiones como el suroccidente, en donde hemos perdido varias empresas por bloqueos continuos, largos y sumamente dañinos”, enfatizó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés.
Los departamentos de Cauca y Nariño han vivido bloqueos que han dejado desabastecimiento, suspensión de servicios de salud, educación y pérdidas millonarias para el sector productivo.
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“Nariño y Cauca tienen escazas vías de conectividad y cuando estas se bloquean, como el caso de la vía Panamericana, estos departamentos quedan completamente incomunicados. Una protesta no puede poner en riesgo derechos fundamentales.
Según información de la Policía Nacional, entre 2019 y 2025 el 72% de los departamentos del país han sido afectados anualmente por 10 bloqueos en las vías principales”, indicó el representante a la Cámara por Nariño, Juan Daniel Peñuela.
La iniciativa busca armonizar el ejercicio de la manifestación pacífica con el orden público y los derechos fundamentales de quienes no protestan, como el acceso a la salud, el trabajo, la movilidad y la seguridad.
De esta forma, el proyecto se basa en el principio, según el cual, todos los derechos tienen límites, y que vivir en sociedad significa también convivir con los derechos de los demás. Por eso, fija condiciones específicas cuando la manifestación se convierte en bloqueo de vías, afectando la vida, la salud, la movilidad o la seguridad de terceros.
“Porque mis derechos llegan hasta donde llegan tus derechos, esperamos que la Comisión Primera Constitucional le dé celeridad a esta iniciativa y que pronto podamos tener esta regulación que el país necesita con urgencia”, agregó el representante por el Atlántico, Gersel Pérez.
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¿Qué establece el proyecto?
El proyecto se basa en el principio de que todos los derechos tienen límites y que vivir en sociedad significa también convivir con los derechos de los demás. Por eso, fija condiciones específicas cuando la manifestación se convierte en bloqueo de vías, afectando la vida, la salud, la movilidad o la seguridad de terceros.
- Reconoce la protesta pacífica como un derecho fundamental, protegido por la Constitución y los tratados internacionales.
- Establece límites claros cuando esta se convierte en un bloqueo que afecta derechos esenciales de terceros.
- Regula de forma responsable el uso excepcional de la fuerza pública, con énfasis en el diálogo previo obligatorio.
- Crea mecanismos como la Comisión de Diálogo y Mediación, así como el Puesto de Mando Unificado, para gestionar institucionalmente las manifestaciones y evitar el escalamiento de los conflictos sociales.
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