Ante grave amenaza contra el gobernador del Cauca, gremios se pronuncian
Farc y ELN, en sendos comunicados, fechados en estos primeros días de julio, se enfrentan por el Macizo colombiano.
Las Farc-EP dicen que luego de iniciar la operación militar para recuperar su presencia en el Macizo colombiano, se vinieron en desbandada políticos y politiqueros locales y regionales, quienes ven en riesgo sus intereses, que no son otros que seguir como gamonales apropiándose de los recursos públicos.
Agregan, en el extenso comunicado, que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en reunión del 4 de julio de 2025 en Popayán, anunció que apoya la militarización en el Macizo con combustible y víveres, pero que lo que busca es proteger sus predios destinados a la explotación de minería legal e ilegal en esa zona. Le dicen las Farc al mandatario regional que queda mal como hijo de esa tierra donde nace el agua, que se alinee a discursos como el del presidente Gustavo Petro, quien en tribuna internacional habla de la biodiversidad y de la preservación de la naturaleza, mientras militariza zonas estratégicas como el Amazonas, el Cañón del Micay, la Cordillera Nariñense y el Macizo Colombiano para entregarlas a multinacionales extractoras de oro y agua.
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Las Farc, en clara amenaza arremeten contra el gobernador Guzmán: “Mídase con lo que dice o hace, señor gobernador, las Farc-EP llegamos al Macizo con la intención de quedarnos para defender el territorio, ayudar a preservar el agua y apoyar a las comunidades…” “Cero minería en el Macizo”, sentencia ese grupo armado que solo permitirá minería artesanal, pero la que ordene.
El ELN contra el ingreso de las Farc al Macizo
En clara alusión a las Farc, el ELN en comunicado reciente, dice que a tres años de la arremetida narcoparamilitar vuelve a enseñarse ese perverso plan de entrar a la región (el Macizo) a sangre y fuego… Agrega el ELN, que “se abogan (sic) el derecho de hablar a nombre del pueblo y de los habitantes del Macizo con un doble discurso cuando han mostrado desprecio por la vida…”
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Advierte este grupo subversivo a las comunidades de Rosas, La Sierra, Sucre, Almaguer, Bolívar, San Sebastián, Santa Rosa, que se abstengan de caminar por trochas que están minadas por lo cual no responden a quienes no acaten; prohíben andar después de las 7:00 p.m., hasta las 6:00 a.m., en todo el territorio y consideran una amenaza a quien incumpla esos horarios, solo en casos de enfermos; a los que han brindado apoyo y contribuido a la arremetida de narcobandas, los amenaza con declararlos objetivos legítimos de su accionar; finalmente, les prohíbe a los habitantes y líderes del Macizo acatar el llamado de las narcobandas.
De los comunicados de las Farc y el ELN se colige que el Macizo Colombiano se lo están disputando estos dos grupos al margen de la Ley, y que la población civil, el campesinado están en el centro de un enfrentamiento que amenaza intensificar la violencia en el Cauca.
Llamado urgente a la seguridad en la región
Ante la grave situación de violencia que vive el Cauca en sus distintos puntos cardinales, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, en representación del sector productivo del departamento, rechazó de manera enfática las amenazas contra el gobernador, Octavio Guzmán, y los alcaldes de los municipios del Macizo Caucano, contenidas en un reciente comunicado atribuido al Frente Andrés Patiño de las FARC-EP.
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Resulta inaceptable que actores armados ilegales continúen intimidando a nuestras autoridades legítimas y democráticamente elegidas, con el objetivo de obstaculizar el desarrollo institucional y económico del Cauca. Es urgente fortalecer la presencia y capacidad operativa de la Fuerza Pública, especialmente en zonas afectadas por la violencia, dicen los gremios.
A su vez, expresan solidaridad con el gobernador, los alcaldes y sus equipos de gobierno, al tiempo que hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que fortalezca de manera decidida las capacidades de la Fuerza Pública, con el fin de recuperar el control territorial, proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales e institucionales.
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