Seguridad para las víctimas

• Tweet
• Pin It

Por Gabriel Bustamante.

La ley de víctimas y de restitución de tierras significa un avance trascendental en la construcción de un país más justo, humanitario y responsable, frente a la deuda histórica que tiene Colombia con las millones de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, a partir de la expedición de la ley 1448 de 2011, la situación de seguridad de los líderes de las víctimas se ha agravado proporcionalmente a la visibilidad que han adquirido por su papel protagónico en la aplicación de las medidas de atención y reparación integral, así como por su reclamo público ante la ausencia de justicia y su activismo en los procesos de restitución de tierras.

Implementar la ley de víctimas, sin haber aún terminado el conflicto armado, era una necesidad urgente en la construcción de un camino adecuado y legítimo que nos pueda llevar a la paz. Sin embargo, tanto los actores armados, como muchos sectores que se enriquecieron de la mano del conflicto armado, y aún se lucran con los réditos de la guerra, han hecho una oposición mortal a la aplicación de la ley, donde son los líderes el blanco de ataques, amenazas y, en no pocos casos, asesinatos ejecutados contra quienes han asumido el arriesgado papel de ser los defensores de las víctimas.

PUBLICIDAD

Con la apertura de espacios de participación para las víctimas, como son las mesas municipales, distritales, departamentales y nacional de víctimas, la visibilización y protagonismo de los líderes se potenció por su rol de representación de los millones de afectados por el conflicto, y su notorio papel en la construcción local, regional y nacional de las políticas públicas.

Lo anterior ha suscitado incluso, que en algunas regiones, especialmente afectadas por la guerra, los actores armados y otras expresiones violentas se hayan ensañado contra las mesas de víctimas, con amenazas directas a estos espacios de participación.

PUBLICIDAD

Esta grave situación, no solo ha generado miedo y desesperanza en el conjunto de las víctimas del país, sino que se convierte en la principal amenaza contra la aplicación real y efectiva de la ley de víctimas y de restitución de tierras, cuyo sustento fundamental es la construcción participativa de las medidas de atención y reparación integral, que deben ser construidas para y con las víctimas. Participación cuya principal y esencial garantía debe ser la seguridad de los representantes.

Frente a este duro panorama, urge definir una política pública de prevención, protección y seguridad integral, que cobije a los y las líderes que integran las mesas de víctimas, como sujetos de especial riesgo por su doble condición de víctimas y defensores de derechos humanos.

Política que exige el compromiso y la debida articulación de todas las entidades que comparten responsabilidades y competencias, en el deber constitucional y legal de tutelar la vida y la integridad de los líderes de las víctimas.

Dicho programa debe ser de cobertura nacional y priorizar con acciones especiales a aquellas zonas del país que actualmente están bajo mayor amenaza en el marco del conflicto armado. De igual forma, el programa debe generar un acompañamiento fuerte a alcaldías y gobernaciones, ya que es en lo local donde se concretan en la práctica las políticas de seguridad. Además, el programa debe incluir, en su discusión y aplicación, a los líderes de las mesas de víctimas de cada región, e integrar la acción coordinada de todas las entidades nacionales con responsabilidad en la materia.

• Tweet
• Pin It

You must be logged in to post a comment Login