¿Por qué una representación en el Congreso para las víctimas?

Por en diciembre 5, 2017
Gabriel Bustamante Peña (1)

Por Gabriel Bustamante Peña

Desde que en el año 2013 las víctimas del país, a través de las mesas de participación efectiva, reclamaron que en el marco del proceso de paz con las FARC se les diera participación política en concejos municipales, asambleas departamentales y en el Congreso de la República, a través de una Circunscripción Especial, quedó claro que, haber elevado a las víctimas como el centro y fin último del proceso de paz, implicaba un compromiso real y concreto de abrirles espacios para su reparación social, económica, pero también política.

Propuesta de Circunscripción Especial que desde sus inicios no cayó bien en un Congreso, donde pululan los que a grito herido reclaman derechos para las víctimas, hacen campaña en su nombre, pero se resisten a que puedan ser sujetos políticos a través de su propia representación, o sujetos económicos autónomos a través de un empleo digno, ya que les resulta más rentable mantenerlos como una clientela a través de subsidios al servicio de sus mezquinos intereses.

No es coincidencia que a más de 6 años de promulgada la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la orden de crear un programa masivo de empleo urbano y rural para las víctimas sea hoy el mayor incumplimiento del Gobierno respecto a la Ley 1448 de 2011, lo que ha dado como resultado que la inmensa mayoría de las víctimas no se estabilizaron económicamente, una porción considerable de ellas siga bajo un estado lamentable de vulnerabilidad y territorios enteros que fueron violentamente victimizados en medio de la guerra, sigan en igual o peor abandono por parte del Gobierno, excluídos de lo mínimo a lo que un ser humano, en un país democrático, debería tener derecho: agua potable, un puesto de salud, una escuela o una carretera por donde poder conectarse con la “civilización”.

Por esto parecen una broma macabra los argumentos que han destilado algunos congresistas y líderes de opinión contra las circunscripciones especiales de paz y contra las víctimas mismas, al alegar, en una actitud de estigmatización intolerable, que estos territorios están poblados de criminales e inundados de narcotráfico y violencia.

Olvidan los honorables congresistas que fue en estos territorios donde ocurrieron las masacres, que fue en estos municipios donde se expulsó a sus pobladores para robarse sus tierras, que son estas veredas y caseríos los que están sembrados de minas antipersona que mutilan a sus niños, que por culpa de la guerra y el olvido estatal fueron estas víctimas condenadas al subdesarrollo y la miseria extrema. Que la exclusión llegó incluso al punto que se retiraron muchos puestos de votación porque la Registraduría consideró que eran lugares muy lejanos, inaccesibles y peligrosos.

Darles el derecho a esas 16 curules especiales a las víctimas de estos territorios martirizados y olvidados, es lo mínimo que el Congreso debería hacer como un acto de reparación política, como una posibilidad de representación para agenciar el cambio de su trágica condición. Darles voz en el Congreso a los más excluídos dentro de los excluídos no debería ser motivo de rechazo y de mezquindad política sino, por el contrario, un acto de reivindicación, un acto de perdón colectivo que toda la clase política debería ofrecer a los habitantes de estos territorios, ya que su desgracia histórica radica en quienes por todos estos años tuvieron el poder de sacarlos de ese infierno y, por el contrario, les dieron la espalda dejándolos abandonados a su suerte de miseria, muerte y destrucción.

@bustamantep

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