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“No actué como rolo de apartamento, tenía clarísimo hasta dónde podía llegar”: Iragorri Valencia

Por Contenalia01 en noviembre 15, 2013

Eso le dijo el Mininterior al periódico La Campana, a propósito de las críticas que recibió en su Departamento, tras la firma de cinco acuerdos con la Minga Indígena.

Por Aura Isabel Olano

Ante la preocupación expresada por distintos sectores de Popayán y del Cauca por el contenido del Acta de Acuerdo firmada por el Gobierno Nacional y la Minga Social Indígena y Popular el pasado 23 de octubre en el resguardo La María, municipio de Piendamó, el ministro del Interior y firmante del documento, Aurelio Iragorri Valencia, se desplazó el pasado 31 de octubre a la capital caucana en donde visitó los medios de comunicación para explicar a qué se comprometió el gobierno con los pueblos indígenas de Colombia.

Pasado el mediodía visitó el periódico La Campana, de donde partió hacia el municipio de Morales, para inspeccionar las obras que se adelantan en la vía terciaria Morales-La Estación Carpintero. Regresó a Popayán para reunirse con miembros del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, entre ellos representantes de gremios agropecuarios, quienes hicieron reparos al Acta firmada por considerar que varios de sus acuerdos son lesivos para el Cauca.

Por esa razón le propusieron a Iragorri Valencia efectuar en Popayán un foro abierto para analizar los 30 artículos correspondientes a los 5 acuerdos y sus implicaciones jurídicas, territoriales, políticas, económicas y sociales, propuesta a la que el ministro payanés accedió y se comprometió a asistir con todo el equipo del alto gobierno que intervino en la negociación con la Minga. Además invitó a los conocedores del tema a hacer aportes para subsanar aspectos que puedan perjudicar a la mayoría de la comunidad caucana.

El periódico La Campana dialogó con el Ministro del Interior, sobre varios de los acuerdos y sus repercusiones en la vida del Cauca. Le transmitió la preocupación de muchos ciudadanos, frente a lo acordado en La María.

Aurelio Iragorri Valencia, Ministro del Interior, en entrevista con La Campana.

La Campana: Ministro, los caucanos estaban deseando su presencia en Popayán para aclarar el contenido de los acuerdos que firmó en el resguardo La María con las comunidades indígenas de Colombia, lo que ha generado inquietud en aspectos tan importantes como el territorio, la seguridad jurídica, las vías de hecho y la carretera Panamericana. ¿A qué se comprometió el Gobierno Nacional con las comunidades indígenas?

A.I.V. Empecemos por decir que la negociación que se llevó a cabo en la María se inició hasta cuando levantaron las vías de hecho. Eso fue lo primero que exigí a mi llegada, momento en que estaba por culminar una minga que los indígenas habían organizado desde hacía ocho meses.

En eso me demoré dos días, acompañado por la fuerza pública que lamentablemente no logró despejar la vía. Un día, arriesgando mi vida, sin la fuerza pública entré a la zona que estaba dominada por los indígenas, y en un proceso que duró de tres de la tarde a dos de la mañana, logré que el sábado 19 de octubre abrieran la Panamericana y otras tantas vías a lo largo y ancho del país.

En la María lo que se llevó a cabo fue la negociación de un pliego de peticiones que venían trabajando las comunidades indígenas desde hacía ocho meses y que implicaba decisiones que no afectaban necesariamente al Departamento del Cauca sino a toda Colombia.

Han dicho equivocadamente que lo que hice fue entregar el Departamento del Cauca a los indígenas. Había un compromiso presupuestal incumplido desde 1999 por $ 30.000 millones para compra de tierras, que fue ratificado en mayo pasado por el anterior ministro del Interior, Fernando Carrillo.

¿Qué se hizo en este acuerdo? Ese aspecto quedó nuevamente escrito como un compromiso del Gobierno para el próximo año. Lo adicional, para otros departamentos distintos al Cauca son $50.000 millones, que es el presupuesto para compra de tierras a indígenas para el año 2014 y otros $30.000 millones para la vigencia 2015.

Así, que en lo único que me comprometí como ministro del Interior, con el acompañamiento de siete viceministros, fue a cumplir un acuerdo del año de 1999 que se hizo con los indígenas del Cauca.

L.C. ¿Cuánto pedían los indígenas?

A.I.V. 18 billones de pesos.

L.C. Con los $80.000 millones, ¿en qué zonas del país se van a adquirir las tierras?

A.I.V. Según las etnias. Vamos a priorizar quiénes tienen necesidades de tierras. Hay grupos indígenas que no las requieren como los Amazónicos, porque algunos de los resguardos se juntan con reservas naturales. En cambio hay solicitudes de los Wayúu, Zenúes y Emberas que no se han atendido.

En departamentos como Sucre, Córdoba y Chocó, en donde están asentadas esas comunidades desde hace muchos años, los recursos los priorizan entre el Incoder, las poblaciones indígenas y después la junta del Instituto, en la que están representantes de todas las etnias.

L.C. Los $ 30.000 millones que se les reconocieron a los indígenas del Cauca, antes del paro nacional agrario, ¿se van a destinar a compra de fincas invadidas por los indígenas o para adquisición de otros predios?

AI.V. Creo que ha habido un grave error del Incoder, que es no haber comprado las fincas invadidas. Si me tocara tomar la decisión como ministro de Agricultura que tiene asiento en el Incoder, no aceptaría una compra distinta del pago a propietarios de fincas que están invadidas.

L.C. También es un grave error que el Incoder compre predios para indígenas en zonas campesinas o de afros, debido a las confrontaciones, como la que se registró en la finca La Selva, en Popayán, de donde miembros del resguardo de Quintana sacaron por la fuerza a los campesinos. ¿Por qué el gobierno no prevé esas situaciones?

A.I.V. Son errores gravísimos que se han cometido. También está el caso de la finca San Rafael, que se compró en zona afro para indígenas, en cumplimiento de una condena contra el Estado por la masacre del Nilo, que le obligó a adquirir 15.000 hectáreas.

Hace dos años, estando como viceministro del Interior me correspondió hacer unas compras para cumplir con ese fallo, y las adquirimos en Putumayo y Caquetá para comunidades indígenas del Cauca que así lo aceptaron. Como en esas zonas la tierra es más barata, se pudo cumplir mucho más fácil con el número de hectáreas ordenadas por la justicia.

Hay que ir pensando en que, independiente de que los recursos sean para una etnia que está asentada en el Cauca, se acepte utilizarlos en otros departamentos y así evitar esos conflictos interétnicos.

La finca de San Rafael duró ocho años sin ningún arreglo, hoy parece que lo hay. Otro punto importante es que no se debería comprar ninguna finca sin tener el visto bueno de una comisión interétnica en el Departamento, para que tengamos la seguridad de que al comprar un predio para un grupo étnico, no se afecten otros.

Creo que ha habido un grave error del Incoder, que es no haber comprado las fincas invadidas, dijo Mininterior.

L.C. Precisamente, hay preocupación porque el Acuerdo No. 1 dice: “El Gobierno Nacional incluirá un parágrafo en el artículo 7 del Decreto 1987 que clarifique que los Consejos Municipales de Desarrollo Rural no tienen competencia en los procedimientos de adquisición, ampliación y saneamiento de territorios de los pueblos indígenas”.

Al respecto, la gente se pregunta, ¿por qué no se ratificó que esos consejos continuaran con su competencia, como mecanismo de concertación para evitar las confrontaciones interétnicas que podríamos lamentar?

A.I.V. Ese punto lo negoció el Ministerio de Agricultura, lo discutieron directamente el ministro y el viceministro, y hace referencia al Decreto 1987 que se expidió en el 2013. Era simplemente la convocatoria al Gran Pacto Nacional por el Campo, pero no se estaba modificando nada respecto de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, no tenía por objeto cambiar las reglas de juego que existen para la destinación de tierras.

L.C. ¿Cómo queda, entonces?

A.I.V. Se va a modificar el Decreto 1987 que no tenía el objetivo que dice ahí. Se elimina lo redactado en el artículo 7o. Alguien metió ese tema en el Decreto, nadie se dio cuenta, no tiene consulta previa y lo que pasaba con eso, es que nos tumbaba todo el Acuerdo del Pacto Nacional Agrario si se demandaba el Decreto por incluir modificaciones al sistema de adquisición de predios.

L.C. ¿Existe un límite para la ampliación de resguardos indígenas en el Cauca?

A.I.V. La ineficiencia del Incoder ha hecho que más de 750 expedientes estén en esa entidad sin ser resueltos, lo que genera conflictos, hay que decir sí o no.

Nos comprometimos a trabajar con un grupo contratado por el Ministerio del Interior para apoyar las labores del Incoder, a fin de revisar esos expedientes, priorizando lo que sea más fácil, lo que no tenga conflicto, aquellos territorios que ya están ocupados por los indígenas hace muchos años, definir hasta dónde y de qué tamaño quedarían esos resguardos.

El objetivo es hacer el estudio de títulos y presentar los expedientes saneados a la junta directiva del Incoder, en la que hay representantes de los indígenas, de los negros, de los campesinos, de los industriales, del Ministerio de Agricultura, etc. Después de ese estudio la junta será la que determine su resultado y verá si el expediente clasifica, a fin de sanear los resguardos, porque hay muchos establecidos, pero sin legalizar por parte del Incoder.

Eso es lo que busca el Artículo 4º. No es ampliar los resguardos de manera indefinida, sino actualizar el estudio de los 700 expedientes que llevan años y años en el Incoder y que nadie los ha mirado, mientras tanto están generando un problema social.

L.C. Otra inquietud entre los caucanos, es la aprobación de las Entidades Territoriales Indígenas, ETI. ¿En qué consisten?

A.I.V. Las ETI llevan 11 intentos y no han sido aprobadas en el Congreso de la República. Estas entidades fueron autorizadas en cuanto a su conformación, no por Aurelio Iragorri Valencia, sino por la Constitución de 1991.

A nosotros nos correspondió la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, ahí quedó el compromiso de que se presentaran proyectos de ley en cuanto al régimen departamental, el cual se hundió en el último debate; el régimen municipal fue aprobado; el régimen de Distritos, también fue aprobado y el de Entidades Territoriales Indígenas, que no se pudo presentar porque unos sectores de esa etnia no están de acuerdo, otros sí, como los Amazónicos. Los pueblos indígenas del Cauca se oponen porque tienen poder político en las propias alcaldías y no necesitan Entidades Territoriales, pues reciben los recursos del Estado de manera directa, a través de los alcaldes, en cambio en el Amazonas, en donde no hay siquiera municipios, ellos sí quieren las ETI.

En la María lo que se llevó a cabo fue la negociación de un pliego de peticiones que venían trabajando las comunidades indígenas desde hacía ocho meses y que implicaba decisiones que no afectaban solo al Departamento del Cauca sino a toda Colombia.

L.C. ¿Cuál fue el acuerdo en este aspecto al que se llegó y cuál es la situación real?

A.I.V. Tenemos una colcha de retazos en este tema porque la Constitución dio una instrucción y no se ha cumplido, y no se va a cumplir hasta cuando se creen las ETI.

Las Entidades Territoriales Indígenas han ido evolucionando el manejo de tres temas: Salud diferencial, educación y transferencias. Estas últimas les corresponden directamente a los indígenas, pero les llegan a través de los alcaldes.

¿Qué pasa hoy? En las alcaldías amigas de los indígenas no hay problema y les entregan los recursos para su distribución, pero los alcaldes que no son allegados a estas comunidades, utilizan los recursos de los indígenas, lo cual genera conflicto social, o compran a los gobernadores indígenas y los recursos llegan incompletos a la población. Sí les llegan a los indígenas, pero con un peaje, o les llegan bien, como pasa en departamentos como el Cauca, porque muchos alcaldes son indígenas. En regiones como la Costa Atlántica se los tumban o los negocian por cajas de ron (no de chirrinche…) y los indígenas firman haber recibido una capacitación, o los engañan porque no saben ni poner una “equis”.

Mientras se aprueban las ETI se busca empezar a generar un camino que le dé claridad al tema, a través de un decreto constitucional. ¿Por qué hoy? Porque la salud de los indígenas se maneja a través de sus IPS, la plata se les gira directamente; la educación se les entregó en el anterior gobierno.

Entonces, esa colcha de retazos se va a organizar, y el artículo 56 transitorio de la Constitución le permite al Gobierno Nacional reglamentar mediante decreto con fuerza constitucional los respectivos controles que hoy solo son para los alcaldes, que acaban ordenándoles a los indígenas qué deben hacer con la plata. Cuando es al contrario, el indígena le ordena al alcalde, que es sujeto de control fiscal.

Entonces, ese punto en el Acta dice: “Entre otros temas se mirará y determinará el control fiscal”. Es que no podemos seguir incumpliendo la Constitución, no podemos seguir permitiendo que por estos vacíos jurídicos, hoy esos recursos se estén perdiendo y no exista siquiera un control fiscal.

Dependiendo del nivel que tengan los pueblos indígenas, habrá que determinar una categorización y establecer una hoja de ruta.

L.C. De las ETI los caucanos dicen que serían unas entidades territoriales en las que tendrían toda la autoridad los indígenas, situación a la que no están dispuestas a someterse las personas que no pertenecen a esa etnia y queden dentro de esos territorios, lo que generaría una grave confrontación, que de hecho ya se presenta en Belalcázar, Corinto, Caloto y Caldono, en especial en los cascos urbanos.

A.I.V. Eso solo rige para zonas en donde existan los resguardos indígenas y para el territorio del resguardo, no hay resguardos urbanos, todavía no se ha llegado a ese nivel aunque los están pidiendo. Lo que estamos tratando con esto, es darle orden a un desorden que existe, en un proceso que ya lo vienen manejando los indígenas, porque en la práctica lo que hacen los alcaldes o los gobernadores que cumplen, es coger esos recursos y entregárselos a la población, y los gobernadores indígenas no tienen ningún tipo de control ni un plan de trabajo para esos recursos. Uno no sabe qué pasa con esos dineros.

En el Cauca solo piensan en lo que pasa en el CRIC y en la ACIN, pero cuando yo pienso en los indígenas, lo hago en los 106 pueblos que hay en Colombia.

L.C. ¿En las ETI cuál sería la presencia del Estado, si los indígenas tendrían la autonomía?

A.I.V. Repito que no se van a crear entidades territoriales indígenas como tal, y mucho menos se van a crear “republiquetas”, como decía el anterior ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Se van a organizar los temas de salud, educación y transferencias, que tienen que ver con estas poblaciones en su territorio.

Otros dicen que mandan a Iragorri porque a todo dice que sí. La primera solicitud, la de tierras, fue por 18 billones de pesos; la segunda, revocar todos los títulos mineros que habían sido adjudicados por este y gobiernos anteriores en territorios indígenas, tampoco fue aceptada. Tercera solicitud, respecto a seguridad, pidieron que no entraran el Ejército ni la Policía a su territorio, se les negó rotundamente.

Hay 60 no que nadie vio porque no estuvieron sentados los siete días hasta las dos de la mañana en La María, entonces no se dan cuenta de todo lo que piden para llegar a un acta de 20 o 30 puntos de acuerdos.

L.C. En ese orden, ¿hasta dónde llega la autonomía indígena?

A.I.V. No puede llegar hasta el punto que sea una república independiente. Habrá que irlo determinando en el desarrollo de esos decretos y, sobre todo, con un principio fundamental: que independiente de la necesidad de garantizar su supervivencia, sus costumbres y sus creencias, hay unas Normas que tienen que ver con los principios del Estado de Derecho, que no se pueden violentar.

L.C. El convenio se refiere al fortalecimiento de la guardia indígena. ¿En qué consistirá?

A.I.V. El fortalecimiento tiene que ver con varios aspectos, entre ellos la interrelación con la fuerza pública, que es coordinada por el Ministerio de Defensa y la Unidad de Protección del Ministerio del Interior. Les compramos bastones de mando y botas, esto para los indígenas es fortalecimiento. Muchos de esos convenios están en funcionamiento.

L.C. Existe el temor de que una minoría pretenda abarcar la mayor parte del territorio del Cauca y continúe, como lo ha venido haciendo, desplazando a mestizos, afros, campesinos, propietarios rurales, incluso a otras comunidades indígenas. ¿Cómo se puede frenar ese expansionismo?

A.I.V. Aquí hay una ventaja y es que ese temor de los caucanos es el mismo temor del ministro del Interior que también es caucano. No actué como rolo de apartamento, tenía clarísimo hasta dónde podía llegar. Esos temas se pueden esclarecer cumpliendo con la revisión de los 700 expedientes, de esa cifra el propósito inicial es estudiar 250 mínimo y la meta son 400 de los 700 que hay en trámite. Con esa revisión uno puede saber cuáles son las pretensiones.

L.C. De esos expedientes que va a evacuar el Incoder, cuántos son del Cauca, cuántas hectáreas representan y si su objetivo es constituir y ampliar resguardos.

A.I.V. No. Son para el saneamiento de resguardos básicamente, zonas que ya están ocupadas por pueblos indígenas desde hace muchos años y que no han sido legalizadas. Además, parte de esos expedientes se perdió en el gobierno anterior, alguien dio una orden de que los trasladaran del Incoder al Ministerio del Interior, y en el camino se descompletaron.

L.C. Cuando uno lee el Acta de La María, se da cuenta de que es un Acuerdo de exigencias. En una negociación las partes se benefician, pero también se comprometen. Nada se dice, por ejemplo, de no seguir bloqueando la Panamericana.

A.I.V. Estos acuerdos son como cuando se negocia con un sindicato, es un pliego de peticiones, del que se llega a unos acuerdos. En estos procesos los indígenas presentan un pliego de peticiones de N puntos, a la mayoría se dice no, porque son imposibles. Y se llega a unos acuerdos como estos, a los que si uno va al detalle, tampoco es que eso signifique la desmembración del Estado colombiano.

Se hizo un acuerdo en virtud del proceso de diálogo con las comunidades indígenas, pero si éstas lo incumplen cerrando la vía, pues no se cumple el acuerdo, como les dije: O me desocupan los predios invadidos (Agua Tibia en Coconuco, la finca La Emperatriz en Caloto y el parque Nacional Natural de Puracé) o no firmo. Los desocuparon, pero al otro día, los de Coconuco incumplieron, y les mandé al Esmad y se retiraron.

Como caucano, jamás firmaría un documento con el que yo sepa que estoy afectando a mi propia gente. Eso lo tengo muy claro, pero también digo que nos falta solidaridad en los momentos difíciles, pues en este caso lo único que la gente pide a gritos es el desbloqueo de la vía, y es lógico porque no aguanta más estar sitiada por los indígenas, o por los cafeteros, o por los agricultores, porque esto ha sido revueltico.

Pero, si vamos a dar la pelea, démosla. El pueblo de Popayán y del Cauca se tiene que poner de acuerdo, que no le toque solo al Gobierno Nacional, sino a todos: gobernador, alcaldes, gremios, comerciantes, industriales, estudiantes, profesionales y entre todos buscar salidas. A mí me dejaron solo, los alcaldes no aparecieron.

L.C. ¿Por qué en este acuerdo se accede a revisar el proceso de constitución, registro y funcionamiento de la OPIC, organización indígena que se opone a las vías de hecho y a las invasiones?

A.I.V. Esa es otra mentira que se ha dicho con respecto al acuerdo. Los líderes de la Opic están siendo protegidos por el Ministerio del Interior. Desde que llegué como viceministro, hace tres años y medio, estoy viendo la solicitud del CRIC para acabar la OPIC.

Esta vez se pide que se revise nuevamente la legalidad de la OPIC, pero mientras la OPIC tenga el respaldo de dos organizaciones indígenas, resguardos, aunque éstos estén en el Chocó, seguirá vigente. Lo que dice el acuerdo es que se revise, pues vuelvo y lo reviso, lo he revisado 30 veces, lo revisaré 31. Pero la OPIC no desaparecerá, a no ser que los resguardos que la apoyan le retiren el respaldo, porque dejaría de ser organización.

Hay divisiones al interior de las comunidades indígenas, muchos de los líderes quieren jalar hacia la institucionalidad, más de los que la gente cree. Sectores del CRIC y de la ACIN no querían las vías de hecho, que fueron manejadas por unos pocos líderes que estaban en esas reuniones y que sacaron a su gente, incluso en contra de lo que les había dicho el resto de dirigentes.

L.C. Una pregunta del público: ¿Usted como caucano invertiría en el agro del Departamento?

A.I.V. Invertí hace unos cinco años. Antes de llegar al Ministerio compré la mitad de los predios que eran de Daniel Collazos, a quien mataron luego de secuestrado. Soy propietario caucano, hace poco me iban a invadir, no los indígenas, sino campesinos del Crucero. A mi papá y a mi mamá les tocó vender lo último que les quedaba, que era la finca del Nogal porque no tuvieron cómo mantener ese predio por más tiempo.

L.C. A mucha gente le inquietan las posibles consecuencias que traiga el documento firmado en la María. Se preguntan por qué por un ministro caucano suscribió el acta de acuerdos y por qué echó ese discurso.

A.I.V. Creo que tienen toda la razón y les digo lo siguiente: Cómo un ministro que está casado y que no tiene que ver con la seguridad, porque no es el ministro de Defensa, se metió solo, sin fuerza pública y se les enfrentó a 500 indígenas con machetes, caminando de frente por el puente del río Ovejas. Cómo un ministro se quedó hasta las dos de la mañana tratando de que desbloquearan la vía en un solo día, cuando desde las siete los mismos medios de comunicación estaban diciendo que la guerrilla iba a llegar por él.

Después dijeron que no, que la guerrilla no iba a llegar, sino que los indígenas me iban a retener en el sitio. Sin escolta me estuve ahí, sin el apoyo de nadie. Y cómo me quedé: siete días, después de desbloquear la vía tratando de solucionar el problema para que el Cauca pudiera vivir con más tranquilidad y que no hubiera más bloqueos a futuro.

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