Contraloría General detectó en el Cauca daño patrimonial por $1.986 millones

Por en noviembre 30, 2017

Se refiere a dos plantas de tratamiento inconclusas y abandonadas en Puerto Tejada y en el Tambo, igualmente hay varios fallos con responsabilidad fiscal.

Pie de Foto: Inconclusa y abandona obra de la Ptar en Puerto Tejada

La Contraloría General de la República ha detectado en el departamento del Cauca, un daño patrimonial que suma $1.986 millones por las inconclusas, desmanteladas y deterioradas plantas de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Puerto Tejada y de la Urbanización Nuevo Tambo, en ese ente territorial.

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Estos son solo dos de los casos emblemáticos que ha tramitado, en el último año, la Gerencia Departamental Colegiada de este organismo de control en el departamento del Cauca, según se dio a conocer este 30 de noviembre en el acto de Rendición Pública de Cuentas de la Contraloría General de la República, en Popayán.

En el primer caso, la PTAR de Puerto Tejada, la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.551 millones, que se encuentra en etapa probatoria antes de imputación.

Los hechos investigados en este caso, se resumen así: mediante contrato de obra No. 0338 del 12 de mayo de 2008, se construyó el sistema de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Puerto Tejada, el cual presentó una ejecución en dinero total de $1.551 millones. Y la obra a la fecha se encuentra inconclusa, desmantelada y a la intemperie, pese a que fue recibida a satisfacción.

En el Tambo: otra planta fuera de funcionamiento

En cuanto a los hechos irregulares relacionados con la planta de tratamiento del barrio Nuevo Tambo, de la cabecera urbana del municipio de El Tambo, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $435 millones, que como el anterior, se encuentra en etapa probatoria antes de imputación de cargos.

Producto del ejercicio auditor, se efectuó actuación especial a las PTAR del Departamento del Cauca, detectando un hallazgo por irregularidades en la planeación del Contrato 045 de 2009, que derivó en el convenio 820-23-12-2008, cuyo objeto era la “Construcción de la Primera Etapa de la PTAR de Nuevo Tambo”.

Se determinó que esta planta de tratamiento se encuentra fuera de funcionamiento y no se ha conectado a un sistema de alcantarillado, por lo que jamás ha operado.

El objeto social para el cual fue construida la PTAR, como era reducir la carga contaminante generada por grasas, aceites, sólidos suspendidos totales SST y materia orgánica expresada como demanda bioquímica de oxigeno DBO, no se cumplió y por lo tanto ha resultado una inversión infructuosa, lo cual va en detrimento de los recursos del Estado en cuantía de $435 millones ($300 millones aportados por la CRC, $35 millones por el Municipio de El Tambo y $100 millones correspondientes a recursos de adición del Plan Departamental de Aguas – PDA).

La planta jamás se conectó

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Esta planta prevista para tratar las aguas residuales de la Urbanización Nuevo Tambo no cuenta con una red de alcantarillado en el área de influencia; y dicha urbanización no se terminó de construir, faltando entre otras cosas una red de alcantarillado, por lo que así la planta jamás se conectó.

Se continúa deteriorando, se observan daños en las tuberías y tapas, el lecho de secado de lodos no tiene cubierta y no hay una estructura de salida o sistema de descarga y tampoco caseta de operación o cerramiento perimetral.

La Contraloría determinará la responsabilidad que puedan tener la CRC, el PDA y el Municipio como ente ejecutor, al no prever la conexión de la planta a un sistema de alcantarillado y descuidar este bien, permitiendo que se dañen las obras construidas con recursos del estado.

Otros casos relevantes tramitados por la Contraloría

*Fallo con responsabilidad fiscal por $2.068 millones. Entidad: INVIAS. El hecho irregular se relaciona con la no amortización de la totalidad del anticipo otorgado al contratista en virtud del contrato de obra pública No. 1699 de 2005.

*Fallo con responsabilidad fiscal por $825 millones. Entidad: Asociación Indígena del Cauca AIC EPS. Esta entidad pública de carácter especial, transfirió recursos que tienen como destinación especial cubrir los gastos de administración correspondientes al 8% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a otras Asociaciones de Autoridades Indígenas del Cauca a través de convenios, sin que fueran parte de dicha entidad, sin cumplir la finalidad del 8% de la UPC y sin soportar gastos en salud de los beneficiados de la Asociación.

*Fallo con responsabilidad fiscal por $156 millones 927 mil pesos. Entidad Banco Agrario. El Banco asignó subsidios de vivienda de interés social mediante acta de Junta Directiva No. 351 del 22 de noviembre de 2007, por un valor total de $452 millones para el proyecto denominado «DESPLAZADOS VEREDA LA COHETERA», el cual beneficiaría a 60 hogares postulados.

En urbanización Nuevo Tambo, de ese municipio caucano, la Ptar no se conectó a red de alcantarillado.

En urbanización Nuevo Tambo, de ese municipio caucano, la Ptar no se conectó a red de alcantarillado.

El 20 de diciembre de 2007, la entidad oferente, representada por la Alcaldía Municipal de Cajibío, mediante contrato 700 de 2007 de obra civil, contrató con la empresa INGECO LTDA la construcción de 60 soluciones de vivienda correspondientes a vivienda de interés social rural.

El contrato se suscribió por $463 millones, el 20 de diciembre de 2007, con un plazo de ejecución de seis meses a partir del acta de inicio.

El Banco Agrario efectuó dos desembolsos por $386.642.168,45, sin embargo el proyecto presenta una ejecución del 55.09%, con un avance sobre los recursos del Banco del 51.26% equivalente a $220.214.194,6 en costos directos de obra, constituyéndose un presunto detrimento patrimonial por un poco más de $166 millones sobre los recursos desembolsados a la firma Contratis.

Vea aquí el informe completo de Rendición de Cuentas de la Gerencia Departamental Cauca: https://goo.gl/19Nv6T

Como se sabe, la Contraloría General de la República, vigila en las regiones el buen uso de los recursos que la Nación gira a departamentos y municipios para educación, salud y saneamiento básico, así como los que provienen de las regalías. Para ello cuenta con gerencias en todos los departamentos, las cuales adelantan control fiscal a través de auditorías y procesos de responsabilidad fiscal.

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